El Estado salvadoreño enfrentará el próximo 9 de noviembre una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las desapariciones forzadas cometidas por policías, militares y custodios penitenciarios durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, después de una matanza de más de 80 personas, tras la supuesta ruptura de una tregua entre las pandillas y el gobierno actual.
En la audiencia con el organismo internacional también se indagará sobre los problemas en la búsqueda y en la investigación penal de las desapariciones perpetradas por pandillas y el crimen organizado en el marco de políticas de seguridad militarizadas en ese país, según informó la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglás en Inglés).
“El modelo militarizado de lucha contra el crimen parece una solución fácil, pero perpetúa los ciclos de violencia, y no ayuda a crear un entorno seguro para la población en el largo plazo”, señaló Victoria Barrientos, abogada de la DPLF.
Organizaciones para la defensa de los derechos humanos estiman que entre 2019 y 2022, las pandillas cometieron al menos 6,400 desapariciones. Mientras que durante el estado de excepción se han registrado 209 casos de desapariciones forzadas.
En agosto de este año, las oenegés presentaron un informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las desapariciones forzadas de corta duración cometidas en El Salvador durante el estado de excepción.
En el informe elaborado por seis organizaciones, señalaron tres patrones de desaparición de corta duración cometidas por agentes estatales en el contexto del régimen.
El primero se refiere a personas que son capturadas por la Policía y militares en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, y se les niega que la detención haya ocurrido y el paradero de la persona detenida.
Un segundo patrón de desaparición está relacionado a casos en los que a pesar que la detención fue realizada en lugares públicos y ante la presencia de testigos, en las delegaciones policiales les niegan que se haya realizado la captura. Y aunque los parientes han interpuesto habeas corpus, no han tenido respuesta.
El tercer tipo de desapariciones son aquellas en las cuales las personas fueron capturadas, llevadas a un centro penal donde murieron debido a diferentes causas, pero los familiares no fueron informados y los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes.
“El estado de excepción en El Salvador ha generado patrones de desaparición forzada que derivan de las más de cinco mil detenciones arbitrarias reportadas a organizaciones de derechos humanos, porque en muchos de estos casos las autoridades niegan información sobre dónde están detenidas esas personas y cuál es su situación”, manifestó Verónica Reyna, directora del área de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Unas semanas después de presentado el informe David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, manifestó durante una entrevista en la radio YSUCA que este tipo de desapariciones eran cometidas con la tolerancia de fiscales y jueces.
Morales explicó que durante el régimen se están violando masivamente los derechos humanos con prácticas empujadas desde el máximo nivel del Estado, desde el presidente Bukele, las máximas autoridades de Seguridad, fiscales y jueces.
“La práctica de detenciones de personas por el Estado que son llevadas por el régimen de excepción a la cárcel y luego no hay ninguna información a los familiares, que pueden pasar hasta meses buscando de penal en penal sin recibir información” expuso.
El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas estipula: “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Peticiones
En la audiencia ocho organizaciones sociales solicitaran a la CIDH que recomiende al Estado salvadoreño acciones prioritarias para erradicar la desaparición forzada en el país, entre las más relevantes: el reconocimiento del Estado la existencia de desapariciones como un fenómeno que conlleva responsabilidad estatal; la elaboración de una política nacional contra las desapariciones, que incluya la creación de un registro nacional de personas desaparecidas y un banco de ADN y la ratificación de dos convenios internacionales enfocados en la prevención de la desaparición de personas.
Por otra parte, solicitan la derogación del estado de excepción, que ya lleva más de un año, debido a que en el marco de su implementación se han identificado patrones de desaparición forzada, incluyendo desapariciones de corta duración cometidas por el Estado.
“Es indispensable garantizar la no repetición de la política represiva de desapariciones forzadas ejecutada durante el conflicto armado salvadoreño, el cual dejó a miles de personas desaparecidas, la mayoría aún no han sido encontradas”, enfatizó Morales.
En 2021, la CIDH instó al Estado salvadoreño a adoptar medidas para que la investigación y sistematización de información en casos de personas desaparecidas cumplan con estándares internacionales . Además, en 2022, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, recomendó investigar y sancionar de manera pronta e imparcial las denuncias de desapariciones forzadas cometidas por personal militar y policial durante el estado de excepción declarado en marzo de 2022.
La audiencia se realizará a solicitud de la DPLF, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Alerta Raquel, Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el SPASS.