Karla (nombre ficticio), una mujer trans de 23 años e integrante de un colectivo feminista, fue capturada en el marco del régimen de excepción en mayo, por un grupo de policías y militares, según los datos documentados por la Asociación Amate.
Sus familiares relataron en la denuncia que Karla fue víctima de maltratos y golpes al momento de la detención, la cual fue realizada sin una orden de captura y pese a que, aseguran, no tenía antecedentes penales.
En un primer momento, a pesar de su orientación sexual, Karla fue recluida en el penal de Mariona, un centro penitenciario para hombres; luego fue enviada al penal de Santa Ana. Sin embargo, desde septiembre su familia no sabe de su paradero, debido a que cuando le llevaron el paquete de higiene les informaron que ella ya no estaba ahí, relató Ester Flores, representante de la Asociación Amate.
Su familia ha ido de penal en penal, pero hasta ahora no han logrado saber dónde se encuentra recluida por lo que presentaron la denuncia ante la Asociación Amate que la ubica en los casos de desaparecidos en detención.
Esta es solo una de las 4,071 denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción, que contabilizan siete organizaciones sociales.
Según los datos recolectados, miles de personas han sido víctimas de abusos por parte de las autoridades, entre los más graves las capturas arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones y muertes.
Los datos muestran que la mayoría de denuncias de vulneraciones a los derechos humanos están relacionadas a las capturas arbitrarias. Por ejemplo, en Cristosal son el 97.2%; la Fundación de Estudios para Aplicación del Derecho (Fespad), el 80.8%; el Servicio Social Pasionista (SSPAS), 90.2%; el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), el 79.7%; la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos 76%; la Asociación Amate, el 73%, y Azul Originario, el 100% de las denuncias.
Los agentes de la Policía Nacional Civil son señalados como los principales victimarios de las violaciones de derechos humanos con un porcentaje del 76.1%.
El informe revela que uno de los estigmas sociales más evidentes bajo el régimen y sus prórrogas es el que sufre la población joven, pues la mayoría de víctimas registradas en las denuncias son personas entre 18 y 30 años. En el caso de Cristosal, representan un 59.1%; para Amate un 56.8%; el Idhuca un 55.6%; la Red de Defensora el 24%; el SSPAS un 53.3% y Fespad un 62%.
“Los jóvenes son las principales víctimas del estigma social. Esto lo podríamos ejemplificar por el color de la piel, por el lugar de residencia ( de los jóvenes), por los tatuajes, que son tomados y asumidos en este momento por las autoridades de seguridad como argumentos válidos y únicos para una detención”
Josué Sibrián, de Asociación Originario Azul
Mayoría de denuncias son de mujeres
Los datos de las organizaciones coinciden que la mayor cantidad de denuncias han sido interpuestas por mujeres, quienes se ven obligadas a buscar soluciones para las necesidades inmediatas generadas por el mismo régimen, como la compra de los paquetes, pero también deben sostener económicamente el hogar y la crianza de los hijos.
“Han sido las mujeres las que han asumido de manera total y directa el hecho de sacar adelante y de asumir las responsabilidad económicas y de cuido”, expresó Sibrián.
La población LGTBIQ+ es el otro grupo vulnerable que se ha visto afectado por las violaciones de derechos durante el régimen de excepción, entre ellas: acoso policial, violencia sexual e insultos homofóbicos ejercidos por agentes de Estado, denunciaron.
La Asociación Amate registra once casos, mientras que Cristosal contabiliza 44 casos.
“Hemos recibido denuncias de acoso policial principalmente de personas que están organizadas. Existe un hostigamiento de parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas que llegan a las salidas de las colonias para revisarlos”, expuso la representante de la Asociación Amate.
Que cesen los abusos
Los representantes de las siete organizaciones sociales hicieron un llamado al Estado salvadoreño para que detenga las injusticias y arbitrariedades causadas por la falta de procesos de investigación adecuados.
Héctor Carrillo, representante de Fespad, explicó que de parte del Órgano Ejecutivo hay una falta de claridad de la existencia de una auténtica política pública de seguridad con un carácter integral, con un enfoque de derechos humanos que permita resultados sostenibles y medibles en el tiempo.
Para Carillo, esta política debería garantizar el combate y la reducción de los hechos delictivos de manera medible, la prevención de la violencia por medio de medidas que impacten positivamente en la vida de las personas y la atención integral a las víctimas de todas las formas de violencia.
Además, señaló que la Asamblea Legislativa ha demostrado incapacidad de cumplir con su función de ser un auténtico espacio de discusión pública de los asuntos de la realidad nacional.
“Para la prórroga del régimen de excepción no ha prevalecido la verificación de los presupuestos constitucionales, ni se ha verificado el cumplimiento de los lineamientos jurisprudenciales para poder uso de ella”, expresó
En cuanto a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, explicó que para que puedan asumir el rol que les corresponde hace falta que el Estado las dote de más recursos.
Sin duda alguna el personal de estas instituciones está sobrecargado y no tienen la capacidad de responder al contexto, lo que se traduce en afectación a los derechos de la ciudadanía”, enfatizó Carillo.