Para Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, las reformas aprobadas por la Asamblea en la Ley Penal Juvenil dentro del régimen de excepción para castigar como un adulto a los niños, niñas y adolescentes que participen en actos delictivos tienen fallas.
La justificación de las autoridades de seguridad es que los grupos criminales utilizan a los menores de edad para cometer delitos, sin embargo, Navas detalló que con las enmiendas se está criminalizando a los niños que no necesariamente pertenecen a las pandillas o si colaboran con esos grupos delictivos lo hacen obligados bajo amenazas de muerte.
“Se deja de lado que hay niños en comunidades que son obligados a colaborar con estas estructuras, porque viven en estos ambientes o son familiares o porque no tienen otra opción, porque los ejecutan”, explicó Navas en entrevista con la Radio YSUCA.
El miércoles 30 de marzo la Asamblea aprobó varias reformas a normativas penales, entre ellas, modificaron la Ley Penal Juvenil, con el fin de añadir pena de prisión para los casos en que menores de edad pertenecientes a pandillas cometan delitos.
Es así, que los diputados reformaron el artículo 15 de dicha normativa para establecer que los menores de edad que hubieren cumplido 16 años que cometan delitos pagarán con prisión de hasta 20 años y cuando hubieren cumplido 12 años estarán hasta 10 años en la cárcel.
“Tenemos una ley penal juvenil que regula el comportamiento delictivo de niños de entre 12 y 18 años y actualmente no tiene dentro de sus medidas la prisión. Cuenta nada más con orientación y apoyo familiar, libertad asistida, internamiento, entre otros. Con esta reforma estamos enviando un mensaje a los niños de 12 a 18 años para que tomen decisiones consecuentes”, manifestó el día de la plenaria la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
De acuerdo a la diputada Santos los menores de 18 años “están capacitados para asesinar” por lo que es necesario imponer sanciones más fuertes para disuadirlos de que no cometan delitos.
Sin embargo, para Navas estas medidas de “populismo punitivo” no resolverán el problema de la criminalidad desde sus raíces, al contrario, cree que se puedan incrementar los delitos al número fatídico que se vio el fin de semana pasado con 87 muertes violentas. La más alta en la historia reciente de El Salvador.
“Si bien la reforma en el ámbito de la Ley Penal Juvenil penaliza el uso de niños y niñas, la reforma está equiparando la participación de un niño de 12 años o adolescente a la conducta de un adulto”, cuestionó Navas.
Además, cree que las imágenes de soldados y policías registrando bolsones de niños que van o vienen de la escuela en comunidades empobrecidas y estigmatizadas socialmente no se quedarán solo allí. Para la especialista esto traerá secuelas a posteriori que el gobierno no ha valorado.
“Los niños y niñas están viendo violencia extrema hacia sus familias ¿Qué creen que va a pasar con el estado emocional de estos niños y niñas? Esto es violencia estatal, una grave afectación emocional y psicológica”, argumentó Navas.
La violencia de la que habla la experta también se relaciona con el trato que los niños están recibiendo. “Los niños están siendo tocados en sus cuerpos, es decir, cacheados por hombres armados y no estamos hablando de niños pandilleros, no estamos hablando de personas que se les detiene porque están cometiendo delitos”, apuntó la especialista.
Detalló que el gobierno debió echar mano antes de capturas focalizadas, pues considera que ya tenía identificadas a esas 3,000 personas que ha capturado como delincuentes y así evitar el proceso que ha criminalizado a las comunidades más pobres del país.