“La Corte de Cuentas no es competente para conocer de lo denunciado, en virtud de lo motivado y en particular por resultar aplicable el precedente jurisprudencial, que se refiere a la PRECEDENCIA DEL ENJUICIAMIENTO PENAL SOBRE EL ADMINISTRATIVO”, respondió el máximo ente contralor de las finanzas públicas a la petición de Cristosal de que investigue el posible uso de fondos públicos del Estado para espiar por medios electrónicos a los salvadoreños.
Ruth Eleonora López, directora del Área de Anticorrupción y Justicia de esa organización, manifestó en su cuenta de Twitter que apelarán la decisión de la Corte de Cuentas. “La Corte de Cuentas notifica que NO investigará posible uso de fondos para la adquisición de Pegasus por considerar que debe agotarse vía penal, decisión que es ilegal y que niega facultades reconocidas en la Constitución. Lunes presentaremos apelación para que magistrados de CCR resuelvan”, informó.
López solicitó a la Corte de Cuentas a inicios de febrero de 2022 que indagara sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para la adquisición del software Pegasus.
Este software espía habría sido utilizado por el gobierno de El Salvador para intervenir ilegalmente las telecomunicaciones de periodistas de distintos medios de comunicación, defensores de derechos humanos, de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos extranjeros.
Se estima que unas 35 personas fueron víctimas de hackeo de sus teléfonos a través de Pegasus, según investigaciones de Access Now y The Citizen Lab, especialistas en ciberseguridad.
Por este caso, en enero de 2022 la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó un aviso en la Fiscalía. El presidente de la gremial, César Fagoaga explicó que la Fiscalía está en la obligación constitucional de investigar y perseguir el delito.
Según la página web de NSO Group el software Pegasus es un arma militar de espionaje que solo se vende a actores estatales.
En esa ocasión, López calculó que el gobierno salvadoreño podría haber gastado cerca de $8 millones para firmar un contrato con la empresa NSO Group para obtener licencia para operar el software de forma ilegal.
Los denunciados por Cristosal en la Corte de Cuentas por este caso son el presidente de la República, Nayib Bukele, como responsable directo de las actividades del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Peter Dumas, director de la OIE; Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad; y Francis Merino Monroy, ministro de Defensa.
Según López las comunicaciones solo pueden ser intervenidas con una orden judicial, de acuerdo al Art. 24 de la Constitución de la República.
“Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor”, dice el artículo en cuestión.
Y añade: “La violación comprobada a lo dispuesto en este artículo, por parte de cualquier funcionario, será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.