Tras las declaraciones del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien durante la plenaria del martes pasado, en tono burlesco exhortó a los periodistas que han denunciado sentir temor debido a “amenazas”, a pedir asilo e irse de El Salvador; el investigador sénior de Human Rights Watch, Juan Pappier, comparó la actitud de Castro con la de un funcionario del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.
“Se mofó de los periodistas que denuncian amedrentamiento. Dijo que los periodistas no ‘aportan nada’. Les dijo que se vayan del país. Conclusión: podría haber sido el discurso de un funcionario del régimen de Maduro”, afirmó Pappier en su cuenta de Twitter.
Y es que el martes durante la discusión para aprobar la nueva ley especial para construir más cárceles en El Salvador, Castro brindó fuertes declaraciones en contra de algunos periodistas, a quienes tildó que se “autodenominan intelectuales” por cuestionar las políticas del gobierno, y especialmente en los últimos días de vigencia del régimen de excepción.
Esto dijo ayer el presidente de la Asamblea en El Salvador.
Se mofó de los periodistas que denuncian amedrentamiento.
Dijo que los periodistas “no aportan nada”.
Les dijo que se vayan del país.
Conclusion: podría haber sido el discurso de un funcionario del régimen de Maduro. pic.twitter.com/hyo2AwjsTQ
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) April 20, 2022
“Para mí que nos ataquen esos periódicos o esos periodistas son caricias, son piropos, yo me afligiría cuando hablaran bien de nosotros, pero mientras estos periódicos, estos periodistas incómodos, esos que se auto denominan intelectuales y que andan con miedo dicen, se van a vivir con los mareros y ahí no les daba miedo”, ironizó Castro.
Luego añadió: “Decía un sinvergüenza de esos, dijo, un año me fui a vivir con los mareros, dijo, imagínense cuántas cosas se dio cuenta, cuantas cosas escuchó, de cuantos crímenes seguramente fue testigo, o no creo, tal vez estuvo con los delincuentes buenos que hacían bautizos, fiestas y piñatas en las comunidades, a lo mejor pues, pero sí estuvo con el tipo de angelitos que están saliendo capturados durante todo estos días, me imagino que algo escuchó”.
Sin mencionar nombre y apellido, Castro insistió en que se trata de una persona que “estuvo viviendo un año con ellos (pandilleros) se sentía seguro y ahora que están metiendo presos a los terroristas se siente inseguro en este país y no hallo que hacer y andan pidiendo asilo ¡que les den asilo y que se vayan hombre, si aquí no aportan nada, si se quieren ir que se vayan!”, dijo Castro ya en sentido general, elevando el tono de su voz.
Anteriormente, también la directora de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, criticó las palabras de Castro.
"Si algo faltaba para mostrar la intolerancia de los aliados de Bukele, vena aquí al presidente de la Asamblea diciendo que los periodistas son “incómodos” y “que se vayan” porque “no aportan nada”. En democracia, la prensa independiente es incómoda, Sr. Castro”, dijo Taraciuk en su cuenta de Twitter.
El ex rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), José María Tojeira, también se refirió en su cuenta de Twitter a las palabras de Castro.
"Hay escenas espectaculares. Cuando un político pide a gritos que los periodistas se vayan del país, uno queda sumido en la duda. ¿Un ataque de nervios? ¿Deseo irreprimible de que no le hagan preguntas? Antes de exaltarse, un té de valeriana sería bueno para la democracia", publicó el 20 de abril en Twitter.
El pasado 15 de abril, el periódico digital El Faro denunciaba que el investigador del fenómeno de las pandillas y antropólogo, Juan Martínez, abandonó el país tras una serie de amenazas que empezaron con un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele.
Podría interesarle: Múltiples críticas a Bukele por llamar «basura» a investigador
“Esta basura, sobrino de un genocida, dice que: las pandillas cumplen un rol social NECESARIO en El Salvador”, reclamó Bukele en su Twitter publicando un extracto de una entrevista realizada a Martínez por el Russia Today.
Martínez explicó en esa entrevista que, según sus investigaciones, el papel de las pandillas en la sociedad salvadoreña “es cumpliendo a una función desafortunada, pero necesaria en algunas comunidades marginadas”.
Tras las declaraciones del mandatario, el investigador reaccionó en la misma red social y manifestó: “Presidente Nayib Bukele, me parece lamentable la forma en que se refiere a mí y a mi trabajo. Le invito a ver la entrevista completa y a revisar los trabajos académicos y periodísticos que he realizado durante más de una década”.
En la misma publicación dijo: “Mi apuesta, aunque mejorable, ha sido aportar conocimiento útil para entender un fenómeno complejo y profundo. Su mensaje de odio me pone en inminente riesgo a mí y a mi familia. Ha sido muy irresponsable”, recriminó Martínez a Bukele en Twitter.
El Faro expresó que el tuit del mandatario salvadoreño derivó en “hostigamiento y amenazas en línea, incluido el de persecución penal”. A las cuales también se adhirió el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien se sumó a las críticas llamando a Martínez “terrorista y vocero de las pandillas”.
“Martínez abandonó entonces el país por amenazas de muerte y temor a un proceso judicial injusto en su contra”, revela la publicación de El Faro.
Hace dos días, la organización Cristosal junto a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), informaba que son cuatro los periodistas que han tenido que salir de El Salvador por el temor a represalias debido a su labor de informar sobre el fenómeno de las pandillas.
"Todas las semanas son atacados periodistas por funcionarios y se dedican a injuriar, a insultar. Tampoco es un secreto que hay periodistas que ya han salido del país (…) y es triste que periodistas, por las amenazas, tengan que salir del país”, explicó el presidente de la APES, César Castro Fagoaga, tras interponer en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas recién aprobadas por la Asamblea al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas.
Cristosal y la APES denunciaron que las reformas “criminalizan las coberturas de prensa” sobre estos grupos criminales.