Obtener una vivienda propia se ha convertido en una verdadera odisea para los salvadoreños en los últimos años, debido a que un trabajador promedio tiene ingresos mensuales que rondan los $365 para cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda y otros.
A través de entidades gubernamentales como el Fondo Social para la Vivienda, los trabajadores pueden aplicar a viviendas nuevas desde los $22,000 en algunos municipios de San Salvador; sin embargo, estos créditos difícilmente son financiados por una sola persona debido a que las cuotas rondan los $110 y sumado a esto el solicitante debe contar con un respaldo de $6,000 para complementar el trámite inicial.
También se pueden encontrar anuncios de construcciones residenciales y viviendas en “zonas seguras” cuyos precios oscilan los $200,000 en adelante, a lo cual resulta imposible de acceder con un sueldo mínimo.
Los elevados precios de las viviendas exponen una brecha de desigualdad, situación que ha orillado a muchas personas a vivir en lugares que no cumplen con los estándares mínimos para garantizar una vida digna.
Y uno de los indicadores básicos para evaluar la calidad de vida de los salvadoreños es la condición de hacinamiento a la que se enfrentan, debido a que cuando un hogar presenta estas características sus miembros son más propensos a experimentar abusos, violencia sexual e incluso bajo rendimiento escolar.
Según los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022, a nivel nacional, el 39% de los hogares salvadoreños viven en hacinamiento, una situación que prevalece principalmente en el área rural, donde el 52.5% viven en esas condiciones, y en el área urbana el 31%.
También la encuesta refleja que el 51.8% de los hogares cuenta con una vivienda propia, el 3.4% se encuentra en proceso de pago de la misma, el 12.6% están alquilando y el 22.9% son ocupantes gratuitos, mientras que el 6.1% son propietarios en terreno privado y 2.5% en terreno público.
Acceso a servicios básicos
Para que una vivienda sea digna las personas deben tener condiciones básicas tales como electricidad, agua por cañería, servicio sanitario, combustible para cocinar y servicio de recolección de desechos sólidos.
Contar con estas condiciones básicas ayuda a reducir los focos de infección en el ambiente y por consecuencia el número de enfermedades que pueden afectar a los niños y adultos mayores. Según la encuesta, la mayoría de hogares tiene electricidad y agua.
En 1 de cada 10 viviendas aún cocinan con leña en la zona rural
El uso de gas propano para la preparación de los alimentos continúa siendo considerado un lujo que no todos los salvadoreños pueden tener en sus hogares y es una situación que ha sido principalmente visible en las zonas rurales del territorio salvadoreño.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022 encontró que a nivel nacional el 90.6% de los hogares utilizan combustibles para cocinar, el 5.9% aún usa leña u otros desechos agrícolas para encender fuego; sólo el 1.4% de la población señaló que tiene una cocina eléctrica para preparar sus alimentos y el 2% restante no se identificó con ninguna de las opciones señaladas.
Según los datos, en 1 de cada 10 hogares en la zona rural aún se ve en la necesidad de usar leña para la preparación de sus alimentos o inclusive calefacción de las viviendas, debido a que el precio es más bajo en comparación con el Gas Licuado del Petróleo (GLP).
Esa es una práctica que atenta contra la salud de los miembros del hogar, principalmente para los que están manipulando el fuego, debido a que el humo resulta nocivo para la salud y puede desarrollar problemas respiratorios o complicarle enfermedades ya existentes.
Previamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) señaló que el uso de leña, carbón y otros combustibles sólidos en las cocinas artesanales libera partículas nocivas en el ambiente durante el proceso de combustión.
Medidas ante precios del gas
El Salvador se encuentra luchando contra la escalada de precios para el gas licuado, por lo que se han aplicado distintas medidas como ampliar la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo hasta el 31 de mayo de este año.
Funcionarios señalaron que estas medidas buscaban dar cierto grado de estabilidad a la economía de las familias ante la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos que por consecuencia afecta en el precio del tambo de gas.