Como un concurso donde se elige al perfil que menos incomodó pueda resultar al poder del Estado o menos amenazas le pueda representar. Así definen expertos el proceso de elección del Procurador para la defensa de los derechos humanos que realiza en la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo y señalan que es la ciudadanía la que saldrá más afectada al elegir a un funcionario que no les proteja ante abusos de poder.
Los primeros cinco aspirantes a procurador asistieron este lunes a la Asamblea. En Comisión Política, se les preguntó qué opinaban del actual régimen de excepción y pese a las miles de denuncias de abusos, todos justificaron la medida impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele.
Las organizaciones de sociedad civil han criticado fuertemente el mecanismo de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al igual que lo ha hecho con las anteriores elecciones de segundo grado.
Por ejemplo, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar consideró que los procedimientos que utiliza la Asamblea para elegir a los funcionarios de elección indirecta, no cumplen los estándares internacionales en materia de publicidad, transparencia y evaluación de los candidatos.
A su juicio, esto se debe a que no se establece un perfil de criterios públicos de evaluación y ponderación de los perfiles y por eso las entrevistas no profundizan sobre los conocimientos de los candidatos o candidatas, dado que no está estructurado un sistema de entrevistas que permitan indagar, experiencia, conocimiento, posicionamiento, ideológico y político.
De igual manera opinó Wilson Sandoval, experto en temas de transparencia, quien manifestó que es el mismo sistema utilizado en elecciones anteriores donde existe un esquema que “no es realmente acucioso” en el sentido de poder verificar moralidad e instrucción notoria y vinculaciones partidarias.
“Se mantiene ese patrón de lo que ya hemos visto en esta actual Asamblea donde hay una ausencia en poder profundizar en los perfiles y sobre todo se viene eligiendo perfiles que no resulten incómodos a ninguno de los tres poderes del Estado”, indicó.
El presidente de la organización Tracoda, Carlos Palomo, apuntó con franqueza que en la primera jornada de entrevistas “no hubo ningún elemento objetivo para evaluar a los candidatos” de parte de los legisladores.
“Pasó lo que siempre pasa: algún par de preguntas para indagar si aplauden las políticas gubernamentales y da la impresión de que el criterio de selección es la cantidad de aplausos y buenos comentarios que la persona pueda emitir en favor de las políticas gubernamentales”, aseveró.
Seguido de eso, Palomo dijo que en el deber ser, el procurador tiene que ser “independiente y vigilante” de las políticas públicas para denunciar cuando estas violentan derechos humanos.
La directora ejecutiva de la Fundación DTJ, Xenia Hernández, destacó que se confirma nuevamente que ninguna Asamblea, ni las anteriores ni la actual con mayoría del oficialismo, “no tienen el compromiso” de hacer las elecciones de segundo grado de manera transparente y con mecanismo verdaderamente fortalecido para elegir al perfil más idóneo, integro y con la capacidad profesional y ética para desempeñar las funciones y rol que requiere el cargo.
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A su juicio, el mecanismo que utiliza esta Asamblea no es para buscar ese perfil idóneo o el que defienda los derechos de la ciudadanía, sino para encontrar a la persona “que más encaje y coincida con el gobierno”.
Sin denunciar violaciones a derechos humanos
Por esa razón, Hernández consideró que es obvio que las y los postulantes a la PDDH no condenen las violaciones que se están cometiendo con la implementación del régimen, pues buscan congraciarse, no ser los que velen y defiendan los derechos de la ciudadanía. “Vergonzoso el actuar de cada uno desde sus candidaturas”, expresó.
La directora de Fundación DTJ indicó que las preguntas realizadas por las y los diputados obtuvieron la respuesta que querían y además, “hace visible que cualquier postulante de estos 9 candidatos, llegará a cumplir lo que desee el gobierno, continuarán las actuaciones del actual Procurador: dejar engavetada las verdaderas funciones de un Procurador y seguir en la negación de las violaciones a derechos humanos de la ciudadanía y aprobar la aplicación del Régimen de excepción”.
Sobre este punto, Eduardo Escobar, dijo que habría que preguntar a donde y qué es lo que estudiaron de derechos humanos estos profesionales entrevistados porque muestran desconocimiento de lo que realmente significan los derechos humanos y cómo se tutelan estos.
“Si tiene experiencia laboral en derechos humanos, pues parece que no es la mejor experiencia la que tienen porque han llegado a avalar violaciones a derechos humanos y en esa medida uno nota es que estas personas no van a tener ningún mínimo grado de independencia para ejercer el cargo porque han llegado a congraciarse con el gobierno a afectos de ser electos como procuradores”
Finalmente dijo que eso va a significar que la defensa de los derechos humanos va a quedar huérfana si cualquiera de estas personas es electa como procurador. ¿Cuáles derechos humanos conocen estos profesionales que llegaron a decir semejante barbaridad en la comisión política? Se preguntó Escobar.