La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, intervino hoy por videomensaje en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se desarrolla en su país contra las bandas criminales, que según ella ha convertido al país en "el más seguro de América Latina".
"El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina" gracias al Plan Control Territorial, afirmó la canciller salvadoreña en el segmento de alto nivel que el Consejo celebra esta semana en Ginebra.
"Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo, al haber capturado y sacado de las comunidades a más de 64.000 criminales", añadió.
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"Todas estas decisiones han permitido devolver a los salvadoreños honrados y de bien las condiciones de paz y seguridad que todo ciudadano aspira a tener", señaló Hill, quien destacó que la segunda fase del plan de control busca prevenir los delitos mediante medidas como la generación de oportunidades sociales para los jóvenes.
Hill aseguró que, con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele en junio de 2019, el país "inició un proceso de transformación teniendo como estandarte el bienestar de la población y el fortalecimiento de la democracia, que durante décadas estuvo anclada por la inequidad, la exclusión y los privilegios de muy pocos".
Amplias denuncias de violaciones a derechos humanos en el régimen
Pese a que las autoridades exaltan las medidas implementadas por el gobierno en materia de seguridad, entre las que está el régimen de excepción que ha llevado a la cárcel a miles de personas, muchas de estas inocentes; diferentes sectores y organismos nacionales e internacionales han denunciado que el gobierno de El Salvador no es garante de derechos humanos.
En este sentido, organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Entre el 27 de marzo al 31 de diciembre de 2022, Cristosal registró un total de 3,086 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las capturas arbitrarias, dentro del régimen de excepción que ya lleva un año de vigencia, han obligado a muchos, sobre todo jóvenes, a abandonar sus familias y sus sueños en El Salvador. El miedo a ser capturados injustamente les hizo escapar sin haber cometido delito alguno, según denuncias.
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José Miguel Cruz, experto en seguridad pública de la Universidad Internacional de Florida, dijo durante una entrevista radial en El Salvador, que el régimen de excepción lejos de ser una política de seguridad es una política electoral utilizada por el gobierno de Nayib Bukele para mantener su popularidad y asegurar su reelección.
El investigador, que ha estudiado por años el fenómeno de las pandillas en latinoamérica, explicó que es difícil erradicar por completo estas estructuras criminales, cuando una serie de condiciones sociales que son el origen de la mismas, no se están resolviendo con el régimen de excepción.
“Las causas siguen ahí, como la desigualdad, la pobreza, la discriminacion y un estado incapaz de poder atender las necesidades de la población en su conjunto de manera general y no está creando las condiciones para un desarrollo sostenible”, dijo.
EEUU pide a Bukele respetar los DD.HH.
Estados Unidos dijo este jueves que el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tiene la "responsabilidad" de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por EFE sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados 2,000 supuestos pandilleros el pasado viernes.
Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.
"Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas", dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense.
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"Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos -añadió-. También tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos".
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64,000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3,300 por falta de pruebas.