El periódico digital El Faro cerró su sede administrativa y legal en El Salvador y se mudó a Costa Rica, donde desde el 1 de abril es administrado por la Fundación Periódica, en San José.
El medio de comunicación dio a conocer que su redacción continuará en San Salvador y seguirá dando cobertura en El Salvador, donde ha mantenido una línea crítica al gobierno, sacando a la luz a través de investigaciones periodísticas la corrupción y manejo arbitrario de las cuentas públicas que en diversos ramos señala ha marcado a la actual gestión.
No obstante, añade, ha culminado un proceso que inició hace unos meses “ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”.
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“El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas”, destaca en una publicación del 13 de abril.
El Faro señala que desde que inició la administración del presidente Nayib Bukele, personal de ese medio ha sido objeto de persecuciones y amenazas, espionaje a través del software Pegasus, acoso a anunciantes además de difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficialista.
“Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero”, acota la publicación del periódico.
El Faro resalta además las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a 34 miembros del medio en febrero de 2021, en relación a la utilización del programa espía Pegasus.
Asimismo, se refiere a la aprobación de la una ley mordaza en la Asamblea Legislativa que ordena prisión a quienes publiquen material relacionado a las pandillas, lo que considera intentaba evitar publicaciones relacionadas a las negociaciones del gobierno con estos grupos delictivos.
Destaca como desde 2019, cuando Bukele llegó al poder, El Salvador ha pasado a formar parte de una lista de gobiernos de la región “que ven un enemigo en el periodismo crítico y han eliminado contrapesos para actuar impunemente”.
“En El Salvador ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la voluntad de funcionarios”, reitera.
Para sus representantes, la mudanza le permitirá al medio continuar ejerciendo el periodismo de manera independiente y crítica.