De mayo de 2021 al 4 de julio de 2023, la actual legislatura dominada por el oficialismo aprobó al gobierno un endeudamiento de más de $10,008.5 millones, que incluye la autorización de títulos valores de crédito, préstamos con organismos multilaterales y otorgamiento de garantías soberanas que respaldan créditos de instituciones estatales.
Solo en ese periodo, los diputados de Nuevas Ideas, junto a partidos aliados como la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ratificaron 33 préstamos y ocho garantías soberanas, que ascienden a $5,334.5 millones.
Una docena de empréstitos se suscribieron con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto superior a los $2,491.7 millones. En segundo lugar está el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con ocho créditos aprobados, que suman $980 millones.
Cinco contratos de préstamo son con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que suman $850 millones y desde noviembre de 2022 se añadió a la lista de acreedores la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ya otorgó cuatro préstamos que suman $375 millones, entre otras entidades. Mientras que las ocho aprobaciones de garantías soberanas de crédito suman $548.7 millones.
La deuda incluye la autorización al gobierno de emitir y colocar títulos valores de crédito, que acumula $4,674,049,210. La última operación fue la “Ley especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”, para emitir hasta $1,000 millones.
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Costos de financiamiento
En el caso de la emisión de títulos valores de crédito, John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, expresó que se tiene que tomar en cuenta los costos en intereses y comisiones que implica hacer este tipo de operaciones. “Cuando hablamos del monto autorizado y de un monto de préstamo que se va a pagar a plazos, poco se toma en consideración el costo de financiamiento. Es decir, tenemos que pagar capital, lo prestado, pero encima de eso los intereses, las comisiones que puedan poner bancos multilaterales”, dijo.
Añadió que ese costo de financiamiento aumenta cuando el riesgo de país se mantiene alto.
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Prioriza gasto
Claudia Ortiz, del partido Vamos, señaló que calificar el endeudamiento de “bueno o malo” depende de las condiciones que haya alrededor. “Tenemos un gobierno que está priorizando su presupuesto en el gasto y ejecuta muy poco en inversión pública. Ejecuta más en aquello que se consume, los salarios, insumos, compras”, expresó.
La legisladora también critica las reformas al sistema de pensiones que incluyeron cambios para los certificados de deuda previsional y la autorización para cambiar deuda de corto a mediano y largo plazo.
“Parece que no hay un noción, o si la hay no es importante, de que la situación financiera del Estado salvadoreño es delicada, el riesgo país es delicado. Se han hecho maromas, por decirlo de alguna manera, como no pagar durante cuatro años el fondo de pensiones, pasar la deuda de corto plazo a largo plazo, que era lo que hacían gobiernos anteriores también”, expuso.
Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), también expuso que las garantías soberanas representan compromisos frente a los acreedores. “Pero al final van endeudando al país, no transparentan, no rinden cuentas”, enfatizó.