Los seis líderes de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, que se encontraban bajo arresto desde el pasado enero fueron enviados a sus casas para cumplir con el arresto desde esta madrugada, confirmó en un comunicado la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
"Nuestros líderes comunitarios finalmente están ya en sus casas, fueron trasladados, la madrugada de este martes 5 de septiembre, por elementos de la Policía Nacional Civil", dice parte del comunicado.
Los líderes Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos fueron detenidos el 11 de enero de 2023, acusados por un supuesto asesinato durante la guerra civil (1980-1992), privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
El 23 de agosto, el Tribunal de Instrucción de Sensuntepeque ordenó que los seis cumplieran arresto domiciliar y el pago de una fianza de $3,000. Según un comunicado emitido por la cuenta de X (Twitter) de la ADES Santa Marta, ese día, el juez también ordenó que los detenidos recibieran atención médica en el Hospital Nacional Rosales, debido a su estado de salud delicado, verificado por especialistas del Instituto de Medicina Legal.
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Una semana después de la resolución, el 30 de agosto, la Dirección General de Centros Penales no había cumplido la orden del juez y los detenidos seguían recluidos.
"Pronto estaremos informando detalles sobre su delicada situación de salud y las nuevas acciones que impulsaremos hasta lograr su libertad definitiva", añade el comunicado emitido hoy por ADES Santa Marta.
La ADES manifiesta en el escrito que el proceso judicial debe ser revertido y los líderes absueltos de todas las acusaciones, puesto que es un intento de perseguir a quienes defienden el agua y el medio ambiente. Además señala al gobierno de pretender reactivar la minería metálica, prohibida por ley desde el 2017.
La liberación de los seis acusados y la realización de un proceso apegado a derecho han sido clamados por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a lo largo de varios meses; en julio, 18 congresistas estadounidenses firmaron una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, en el que manifestaron preocupación por la falta de transparencia en el proceso.
