En septiembre de 2021 llegó otro golpe al Órgano Judicial que debilitó aún más la independencia de poderes. La bancada de Nuevas Ideas aprobó el decreto 144, con el que jubiló automáticamente a jueces que tuvieran 60 años de edad o 30 años de servicio en la judicatura, con el argumento de que era necesario combatir la corrupción en el sistema judicial.
La nueva Corte se apresuró a ejecutar el decreto legislativo y ofreció un incentivo económico a quienes se acogieran a la orden del Legislativo: recibirían 24 salarios completos con bonos y aguinaldo. Según datos de la Corte Suprema, 198 jueces se acogieron voluntariamente.
En diferentes pronunciamientos, grupos de jueces rechazaron el decreto por considerarlo inconstitucional e instaron a entes internacionales de protección de derechos humanos a intervenir.
Según los demandantes, este decreto no solo violaba derechos constitucionales sino el Código de Familia y representaba una usurpación de facultades.
VER: "Hay una forma matona de ejercer el poder", señala académica
La Cámara de Familia de San Miguel admitió incluso una demanda contra del decreto y, entre otras cosas, congelaba la ejecución del mismo. Desde la Corte vinieron acciones contra de esa resolución, y nombró rápidamente los sustitutos de los jueces removidos, asegurando que se había hecho siguiendo el procedimiento legal y que los nombrados reunían los méritos.
De allí muchos se preguntaron: ¿cuán imparciales e independientes serán estos nuevos jueces?
La duda sobre su independencia quedó retratada en el caso de la jueza Gladys Margarita Salgado, luego de rechazar la demanda de la diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda contra la investigadora Jeannette Aguilar acusándola de difamación; la jueza fue removida del Tribunal Sexto de Sentencia.
Un abogado -que pidió no ser identificado- dijo que la situación en el sistema judicial ha cambiado al punto de que, por ejemplo, la persona inocente capturada durante el régimen de excepción, perdió su condición de presunción de inocencia.
Movimientos en la Fiscalía
Por el lado de la Fiscalía, poco se supo de los movimientos hechos a raíz de esta medida. Algunos fiscales afectados denunciaron bajo el anonimato que unos 300 fiscales y empleados administrativos no afines al gobierno de Bukele habían sido retirados sin cumplirles la promesa de recibir 12 salarios adicionales completos y sin derecho a bono ni aguinaldo.
La Fiscalía rechazó lo denunciado pero ha guardado silencio sobre la aplicación del decreto legislativo en sus filas. Para la abogada Santos, de la UCA, al igual que la Asamblea y el Órgano Judicial, la Fiscalía orgánicamente parece alineada al gobierno central. “La Fiscalía no debe seguir órdenes del Ejecutivo porque son instancias diferentes”, dijo Santos.
TAMBIÉN: Fiscalía se niega a decir qué funcionarios le remitió CICIES por presunta corrupción
La académica recordó cómo la Fiscalía, bajo la dirección de Rodolfo Delgado, cerró la Cicies, que investigaba corrupción y la negociación del gobierno actual con las pandillas, lo cual refleja “que el control del ejercicio del poder estorba, no quiere que se le ponga límites y que se vaya desenmascarando”.
Además de cierre de la Cicies, Delgado se ha negado a investigar casos que involucran a funcionarios del actual gobierno, como el de Osiris Luna y Carlos Marroquín, involucrados en supuestas reuniones entre líderes de las principales pandillas dentro de algunos penales.
También ha hecho caso omiso de la Lista Engel, en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a funcionarios de administraciones anteriores y la actual en presuntos actos de corrupción y de violación a los derechos humanos.
La Fiscalía rechazó lo denunciado, pero ha guardado silencio sobre la aplicación del decreto legislativo en sus filas.
Hasta el momento, la Fiscalía se mantiene alineada a las decisiones del gobierno de Bukele. Ha tomado decisiones también controversiales y que van a tono con el discurso de la Presidencia; uno de esos casos puntuales es haber cerrado la Cicies, instancia respaldada por la Organización de Estados Americanos, que había encontrado y notificado a Fiscalía indicios de posibles actos de corrupción contra varios funcionarios del gobierno actual, relacionadas algunas con compras irregulares durante la pandemia.