La captura y la acusación de un sargento y cinco soldados de la Marina Nacional señalados de violar a una niña de 13 años el sábado 23 de septiembre en el cantón Mizata fue posible gracias a la denuncia de la víctima, los medios de comunicación y la presión ciudadana en redes sociales, según representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Luego que la familia de la menor presentara la denuncia ante el puesto policial más cercano, el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera fue detenido como autor directo y un día después los cinco soldados en calidad de cómplices, pero las autoridades guardaron silencio sobre las detenciones.
El caso se supo hasta tres días después cuando el Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) hizo la denuncia pública en sus redes sociales, lo que obligó al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, a confirmar el hecho en un programa televisivo, pero obvió brindar las identidades de los sospechosos.
Las identidades de los seis implicados fueron conocidas por la población salvadoreña hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación en el Juzgado de Paz de Teotepeque.
Verónica Reyna, directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS) explicó durante la entrevista YSUCA que para que los agresores fueran acusados fue importante la presión de los medios de comunicación que cuestionaron el silencio de las autoridades.
“Han sido cuatro días de denuncias en redes sociales y los medios de comunicación para que finalmente la Fiscalía haya presentado una acusación y haya dejado claro quiénes son los responsables y cuáles son los delitos de los que se les está acusando” señaló.
Reyna dijo que espera que, como a cualquier otra persona, la Fiscalía actúe adecuadamente y genere pruebas para determinar que esas personas son responsables. “Estamos exigiendo que el Estado actúe de acuerdo a la ley y logre investigar cualquier tipo de denuncia”.
En ese mismo sentido, Danilo Flores, coordinador del área de procesos del Idhuca, manifestó que fue la presión social la que forzó a que se capturara a los presuntos responsables de un hecho sumamente grave que atenta contra la integridad de una niña y toda su familia.
“Sí, creemos que la presión social forzó a que se capturaron a la totalidad de soldados que estaban involucrados en el hecho” manifestó.
Flores considera sumamente grave que los violadores utilizaran el régimen de excepción como una narrativa para someter a las víctimas. El día de la agresión, lo poco que la menor le dijo a sus amigos es que el sargento la había amenazado con capturarlos a todos bajo el régimen de excepción, si no tenía relaciones sexuales con él.
Flores expresó que espera que en este caso se investigue a profundidad y se siga el debido proceso contra los acusados. “Esperaríamos en este y todos los demás casos que se combata la impunidad y se siga el debido proceso y que se investigue a profundidad”, expresó.
Ivania Cruz, vocera del Comité de familiares de presos y presas políticas de El Salvador (Cofappes), considera que el tratamiento que las autoridades dieron a este caso no es el que normalmente hacen tras una detención.
“Hubo cierta protección a estos, no se sabía quienes eran, se había generado una especulación que si estaban siendo protegidos por el ministro de defensa” dijo.
Para Cruz la presión ejercida por los medios de comunicación y las redes sociales fue importante para lograr que se identificara a los agresores. “Si hubiera sido por esa presión no hubieran puesto a disposición e identificar y exponer a los agresores que habían cometido los delitos” agregó.
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Para Cruz este caso es el resultado del poder que se le ha dado a los militares y a los policías y demuestra lo que está pasando en las instituciones de gobierno. “El mismo director de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que los agentes policiales tenían criterio de jueces (...) y vienen los abusos por el poder que supuestamente ellos representan” expuso.
La representante de Cofappes hizo un llamado a la necesidad de capacitar a los agentes del Estado en el respeto a los derechos humanos para prevenir este tipo de agresiones y que en el caso específico de Mizata que se aplique todo el peso de la ley.
“Estas personas deben ser castigadas por la ley para que se vuelva un ejemplo para que otros (soldados) no lo repitan” declaró.
El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, el día que confirmó la captura de los integrantes de la Marina Nacional aseguró que el personal de la Fuerza Armada está capacitado en el respeto a los derechos humanos.
“Es lamentable que se den casos como esos, más viniendo de una persona a la cual nosotros, el Alto Mando todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles de nuestros país, nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego con respecto a los derechos humanos”, se excusó Monroy.
Por otra parte, Samuel Ramírez, representante del Movimiento de víctimas del Régimen de Excepción (Movir) recalcó la necesidad de que las autoridades correspondientes brinden las medidas necesarias para la protección de la víctima y su familia.
Ramírez considera que otra de las personas a quien las autoridades deben investigar por este caso es el alcalde del municipio de Teoepeque, debido a que un camión de esa municipalidad fue utilizado para proteger a los hechores.
El representante de Movir recordó que durante el conflicto armado la Fuerza Armada cometió una gran cantidad de abusos y eso está comenzando a repetirse “No sabían que eran hechos humanos y ahora se está repitiendo esa misma historia” lamentó.