Las denuncias por vulneraciones a derechos humanos que han recibido organizaciones civiles ya superaban las 1,000, de estas más de 800 documentadas por Cristosal, dijo este miércoles Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de esa ONG, quien reiteró la advertencia que la situación "podría constituirse en crímenes de lesa humanidad".
"Las denuncias de las organizaciones que creo que ya rebasan las 1,000 en conjunto que si uno las compara" con las detenciones masivas que ha realizado el gobierno desde el pasado 27 de marzo cuando comenzó a aplicar el régimen de excepción tras un repunte de homicidios, "podría decir que este número que está documentado con algunas de estas prácticas violatorias puede ser más grande y eso podría advertir el tema de los crímenes de lesa humanidad", indicó Ábrego en La Entrevista de radio YSUCA.
El también abogado manifestó que le parece "grave" que el gobierno hable sobre un margen de error en las capturas realizadas durante el régimen de excepción, pues explicó que "un error es una equivocación involuntaria. Pero si una autoridad detiene a una persona y sabe que no hay razón legal para detenerla, que no tiene una orden judicial o administrativa, invade la propiedad sin orden judicial, si lesiona, tortura, genera agresiones verbales, sino cuida a la persona que está en un centro penitenciario, esos no son errores son violaciones de derechos humanos y generan responsabilidad para los funcionarios".
En el mismo programa radial, Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) coincidió con Ábrego en señalar que la medida "es una criminalización de la pobreza", pues este tipo de políticas "de mano dura no necesariamente tocan la criminalidad".
El régimen de excepción "es una criminalización de la pobreza, de la edad y de la apariencia (por vestimenta), los operativos se han concetrado en comunidades pobres… Estamos en una situación grave de violación a los derechos humanos, de irrespeto a la Constitución y retrocesos en un estado democrático", afirmó Fino.
En ese marco, los representanes Fespad y Cristosal valoraron los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, la cual destacaron con "graves retrocesos en el tema de derechos humanos", concentración de poder y el rompimiento del sistema republicano y demorático.
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"El Salvador ha retrocedido bastante en tema de derechos civiles y políticos, porque estamos observando a partir de la pandemia (2020) casos de detenciones arbitrarias y ahora con el régimen (de excepción) hay detenciones masivas, casos de tortura, desapariciones, no solo por parte de las pandillas, ahora provocadas por agentes estatales que está llevando al país a ser conocido por estas violaciones que ya habíamos advertido que esto podría constituirse en crímenes de lesa humanidad, sobre todo porque ya tenemos como 20 personas muertas bajo la tutela del Estado", apuntó Ábrego.
Fino se refirió a que hay concentración de poder y que, según él, impera la interpretación de la ley que el presidente hace y que la ciudadanía no tiene a dónde acudir si no hay independencia de órganos de Estado.
"La concentración del poder en el Órgano Ejecutivo además de poner en inseguridad al ciudadano, viola la Constitución y rompe con el sistema de gobierno".
Señala que "ya no estamos en un sistema republicano ni en democracia y que de definirse la reelección presidencial "si pasaríamos a una dictadura". Aunque aclaró que el mandatario no se ha pronunciado sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional que abre esa posibilidad.