Para Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, organización defensora de derechos humanos, las capturas hechas el pasado martes 10 de enero por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) contra sindicalistas de la alcaldía de Soyapango, no significan más que “una violación al derecho a la libertad”.
Según Ábrego, lo anterior se basa en la inexistencia de delitos al momento en que se efectúa la detención de los sindicalistas, puesto que éstos se encontraban protestando por sus derechos laborales en la parte externa de comuna de Soyapango, exigiendo el pago de salarios y bonos correspondientes al mes de diciembre, que aún se les adeuda.
En ese sentido, Ábrego explicó que este tipo de detenciones no pueden calificarse de otra forma más que arbitrarias, pues en estos casos, la Policía Nacional Civil puede capturar a una persona solo en caso que exista una orden judicial o una orden administrativa.
Respecto a lo anterior, Ábrego destacó que en este caso en particular, no solo existe una clara violación al derecho de la libertad, sino también violación a derechos como el ejercicio a la libertad sindical, el derecho a manifestarse y el derecho a la libre expresión.
“La razón por la que se da la intervención de la policía y se agrede a algunos de los sindicalistas, no tiene ningún fundamento legal”, señaló el experto.
Lo expuesto por el representante de Cristosal concuerda con lo expresado por Celia Medrano, defensora de derechos humanos, quien señala que el régimen de excepción es una acción orientada a ejercer un control social contra las voces críticas que exigen sus derechos, y expresiones como las capturas de soyapango son ramificaciones de esos abusos.
“La captura de trabajadores, que han exigido que les paguen salarios adeudados, evidencia lo que ya se ha advertido anteriormente: la medida de un régimen permanente de excepción es una acción de control social, que será el contexto a favor de cualquier represalia contra cualquier voz crítica o que exija derechos”
Celia Medrano, defensora de derechos humanos
“La tendencia que hemos visto en los últimos años, revela una instrumentalización de las fuerzas de seguridad para la represión”, expresó Ábrego sobre ese punto.
Estado debe ser garante de derechos
Para ambos expertos en derechos humanos, es importante recalcar que el Estado es el responsable de brindar respuesta a actos arbitrarios y de abuso de autoridad, como los ocurridos el pasado martes en las capturas de trabajadores en Soyapango, y que quedaron en evidencia en diferentes videos publicados por compañeros de los sindicalistas detenidos. Sin embargo, Celia Medrano destacó que, en la actualidad, el Estado no opera sobre el cumplimiento de su deber de garantía y protección de los derechos de la población.
Por el contrario, queda en evidencia que “desde el Estado se promueven y ejecutan premeditadamente acciones violatorias a derechos humanos”, reflexionó.
Por otra parte, Abraham Ábrego señaló que existen obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en cuanto a la protección de derechos.
“En el caso de que ocurran abusos de autoridad, el Estado está obligado a investigar e individualizar a quienes han sido los responsables, juzgarlos, procesarlos, reparar a las víctimas y evitar que vuelva a suceder”, conluyó el experto.