Hablo ahora porque a pesar de que no fui mencionado en el Informe de la Comisión de la Verdad, ni en el reporte de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos liderada por el congresista Joseph Moakley, y a pesar de que la Audiencia Nacional de España desestimó en dos ocasiones por falta de fundamento las acusaciones de la querella particular en mi contra, el fiscal general impuesto por el actual gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades, en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los Acuerdos de Paz.
El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento. La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos.
Tampoco hubo encubrimiento de mi parte. Desde el primer día exigí una investigación objetiva al jefe de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos de El Salvador, y con el fin de mejorar la calidad técnica y de disipar posibles dudas sobre su credibilidad, solicité al FBI de los Estados Unidos, a Scotland Yard de Inglaterra y a la Policía Nacional de España nos brindaran apoyo en la investigación y así lo hicieron.
Desde que fui electo presidente de la República, compartí con el padre Ellacuría el objetivo de lograr la paz a través del diálogo político. Mi primera conversación con él fue sobre el discurso que leería en la toma de posesión. Tenía dispuesto hacer un llamado serio a la paz y se lo comenté al padre con la intención que nos ayudara a que este fuera tomado de manera positiva en todos los ámbitos de la vida nacional.
A partir de ese momento mantuvimos una relación de mutuo respeto y constaté que él estaba haciendo todo lo posible para abrirle el camino al diálogo.
Hablar de paz significó que la Fuerza Armada y hasta el mismo gobierno se dividiera entre quienes queríamos propiciar un diálogo político y quienes no. Algunos militares, así como algunos miembros de la dirigencia del FMLN, no querían la paz y trataron de minar el
proceso.
Se ha cuestionado que el comandante en jefe de la Fuerza Armada no tuviera conocimiento previo de los planes para asesinar a los padres. La verdad es que después de largos años de regímenes militares y golpes de Estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana, y no se consolidó sino hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz.
En la confusión de las primeras horas, pudo haber algún funcionario que especulara en los medios con la responsabilidad del FMLN en el hecho criminal, pero mi posición como presidente en todo momento fue apoyar y exigir el esclarecimiento de la verdad.
El asesinato de los padres jesuitas, de Elba y Celina fue un acto espantoso, fue un acto salvaje. Las víctimas de éstas y otras muchas atrocidades tienen derecho a la justicia y el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber la verdad, pero la acusación del fiscal general no busca ni justicia ni verdad. Busca perjudicar a quien consideran un opositor político inconveniente.
En este momento no hay garantías procesales en El Salvador. La mayor parte de magistrados, jueces y fiscales son impuestos y completamente serviles al poder presidencial. La justicia ha dado paso al odio, a la venganza y a la persecución política de opositores y de personas que lucharon y luchan por la democracia y por la paz.
A lo largo de todos estos años siempre me he sometido a la justicia, y siempre estaré dispuesto a rendir cuentas a la nación, a las víctimas y a la historia, pero no a un proceso judicial manipulado y sin garantías de independencia e imparcialidad.
Alfredo F. Cristiani Burkard
Marzo de 2022