David Victoriano Munguía Payés, ex ministro de Seguridad y ex ministro de Defensa durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ha recibido otro revés judicial: la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador resolvió que debe devolver al Estado $462,732.81, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Esa cantidad, según la Fiscalía, fue percibida ilícitamente por Munguía Payés mientras ejerció sus funciones públicas. Durante 10 años, el convicto no podrá ejercer ningún cargo público, dictaminó la referida Cámara, según la FGR.
La Fiscalía dijo que Munguía Payés fue “condenado a devolver $462,732.81. dólares al Estado, producto del enriquecimiento ilícito durante sus funciones. La prueba aportada por la @FGR_SV logró establecer la existencia de 12 irregularidades en el incremento del patrimonio”.
“La Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador también ordenó que el exministro quede inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de 10 años”, publicó la Fiscalía en sus redes sociales.
Munguía Payés alegó durante el juicio que recibió un sobresueldo cada mes de mil dólares, en efectivo, que le entregaban en Casa Presidencial. Aseguró además que los tros ingresos provenían de su salario, de la bonificación, de los intereses generados por los préstamos que él hacía y por intereses en sus depósitos a plazo, entre otros.
Por su parte, el defensor del acusado, David Ramírez, pidió declarar “sin lugar” el presunto enriquecimiento ilícito. En seguida, consideró que no había razón para desconocer que Munguía tenía otros ingresos complementarios.
Pero la Fiscalía alegó que detectó siete irregularidades en el incremento del patrimonio de Munguía Payés, que no pudo justificar.
El exfuncionario fue condenado a 18 años de prisión, a finales de mayo de este año, por los delitos de cargos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. En la misma resolución, el tribunal resolvió sentenciar a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes, prófugo y refugiado en Nicaragua, por agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios.
Ambos eran enjuiciados penalmente por la llamada “Tregua” entre pandillas de 2012, cuando mediante un acuerdo, las principales agrupaciones delictivas del país acordaron una supuesta baja de la violencia homicida.
Traslados de los cabecillas a penales de menor seguridad, ingreso de celulares, celebración de fiestas al interior de presidios y visitas íntimas fueron parte de los beneficios que la Fiscalía aseguró que el gobierno de Funes dio luz verde para hacer posible la tregua.
Con el fin del pacto a finales de 2013, las pandillas arreciaron su accionar y recrudecieron el control sobre el territorio, en los años siguientes las cifras de homicidios se dispararon. El 2015 cerró con 6,656 asesinatos.
A principios de febrero de este año, el Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer el jueves una acusación en contra de 13 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados por delitos de narcotráfico y crimen organizado, a quienes tambié se les señala de negociar con el gobierno de El Salvador.
El referido proceso judicial se ventila en una Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. En el mismo se señala la vinculación de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en negociaciones con la pandilla ocurridas en 2019.