La organización no gubernamental Cristosal presentó, esta mañana, un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el cometimiento de presuntos delitos en la implementación de la aplicación Chivo Wallet.
Cristosal solicitó a la Fiscalía que se investigue a las personas responsables que permitieron un millonario fraude a través de la aplicación, los contratos, procesos declarados en reserva, la deshabilitación de mecanismos de seguridad de Chivo Wallet.
“La Chivo Wallet ha sido una política totalmente fallida del gobierno de El Salvador y que ha intervenido directamente sobre los derechos de la ciudadanía, tanto en la afectación del hurto de identidad como sobre los recursos públicos que han sido utilizados para la implementación de esta aplicación”, expresó Ana Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal.
El aviso presentado ante la FGR por Cristosal tiene como finalidad la investigación y la acción penal contra los responsables, tanto para los autores como los partícipes de los posibles hechos delictivos.
“Las irregularidades señaladas inician con la aplicación de la ley Bitcóin, porque en los procesos de compra el Estado, en la plataforma pública Comprasal, no existe ninguna información sobre la contratación, elaboración y desarrollo del software conocido como Chivo Wallet, la billetera digital promovida por el gobierno de El Salvador”, señaló Cristosal.
López explicó que se ha conocido a través de investigaciones periodísticas que con esa aplicación posiblemente ha habido intencionalidad de generar no solo confusión, sino también la posibilidad de que personas inescrupulosas puedan utilizar recursos públicos de manera indebida, con la deshabilitación de los mecanismos de verificación de identidad de los ciudadanos.
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“Las publicaciones periodísticas revelaron que, en el proceso de registro de las personas en la aplicación, uno de los responsables del desarrollo de la Chivo Wallet recibió instrucciones para deshabilitar componentes fundamentales para la verificación de la identidad de los usuarios” señala Cristosal.
Agrega que “la deshabilitación fue instruida por personas relacionadas con el Gobierno (de El Salvador) —que fungían como “enlaces” o “coordinadores”— permitiendo que el 20 por ciento de los usuarios creados no pertenecieran realmente a las personas registradas, sino a terceros que suplantaron sus identidades, ocasionando el hurto de más de 12 millones de dólares de recursos públicos”.
Ricardo Montoya, abogado de Cristosal, explicó que el aviso presentado por esa organización expone el cometimiento de tres posibles delitos: actos arbitrarios, manipulación de registros y defraudación a la economía pública.
Montoya explicó que fueron los mismos desarrolladores que en un proceso judicial en Estados Unidos declararon que el personal del gobierno les solicitó que deshabilitaron componentes esenciales de seguridad de la aplicación para verificar el registro de los usuarios.