En el marco del Día Mundial de los Refugiados, Cristosal presentó este lunes una actualización del registro de casos que ha realizado de desplazamiento forzado durante el régimen de excepción, en el que informaron sobre las vulneraciones sistemáticas a derechos humanos.
Cristosal mencionó que tiene el registro de dos testimonios de personas liberadas que estuvieron en centros penales durante el régimen, quienes confirmaron haber sido víctimas de tortura. Hasta el momento han decidido no realizar una denuncia por temor y por los traumas que les ocasionaron las vulneraciones a sus derechos humanos.
Del 25 de mayo al 15 de junio, 23 casos fueron reportados. Según los datos que recopiló la organización, identifican a 12 personas fallecidas en el penal de Izalco, seis en el centro penal Mariona; uno en un puesto policial y una en un centro de detención no determinado. Al menos diez de los casos evidenciaron lesiones que llevan a presumir homicidios violentos.
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Dos personas fallecieron porque no recibieron sus medicamentos, otras dos por presunta tuberculosis. Una por infarto durante la detención en la bartolina policial, y otras cinco personas de las que se desconoce la causa de su muerte. La organización mencionó que esto significa una falta de atención en salud oportuna.
Para Cristosal, en este nuevo período, han comprobado que en El Salvador se están perpetrando sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos. Además, alerta a la población y comunidad internacional al considerar que en el país se está creando un escenario propicio para perpetrar crímenes de lesa humanidad.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los crímenes de lesa humanidad se entiende como: asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.
El registro de Cristosal expone que los principales hechos violatorios denunciados son detenciones arbitrarias en un 97.4 por ciento, un 22 por ciento de allanamientos ilegales, 17.3 por ciento de secretismo en procesos judiciales y un 12.1 por ciento de torturas, maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, los señalados por estas violaciones, en su mayoría, son personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES).
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