La organización social Cristosal ha recibido un promedio mensual de 376 denuncias de vulneraciones a derechos humanos en ocho meses de régimen de excepción, informaron ayer durante una conferencia de prensa.
Según los datos presentados por la organización, especialista en la defensa de los derechos humanos, desde el 27 de marzo hasta el 28 de noviembre contabilizan 3,015 denuncias de casos que afectan a 3,139 personas a las que les han sido vulnerados sus derechos.
Del total de denuncias, el 97.1% está relacionado a detenciones arbitrarias, luego siguen las denuncias de allanamiento ilegal de morada (vivienda) y malos tratos.
El personal de la Policía Nacional Civil (PNC) sigue siendo señalado como el principal vulnerador de derechos en el contexto del régimen de excepción con un 75.3% de casos, seguido por los equipos compuestos por policías y soldados con un 16.7% y en tercer lugar la Fuerza Armada con el 6.2%.
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Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, expresó que es preocupante que se mencione a la Fuerza Armada por casos de detenciones arbitrarias. “Es una muestra de que se excede cuál es el deber constitucional que tienen la Fuerza Armada en tareas de seguridad, cuando en realidad no es parte de su rol dentro del Estado”, explicó la especialista.
En cuanto a la edad de las víctimas, las personas entre 18 a 30 años siguen siendo las más afectadas con un 59%; en segundo lugar el rango etario de 31 a 41 años con el 24.1%.
En relación con el género, el 85.7% de las víctimas son hombres, un 13.1% son mujeres y también se reportan 53 víctimas de la población LGTBIQ+.
Capturas arbitrarias
Según los datos de Cristosal, entre las personas que han sido capturadas de forma arbitraria se encuentran 245 que adolecen de enfermedades crónicas y 53 personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental.
Del total de denuncias por capturas arbitrarias, 231 personas detenidas tenían antecedentes penales, pero no necesariamente por delitos relacionados a estructuras criminales. “Hemos detectados casos de personas que su reporte de antecedentes penales por violencia intrafamiliar o por conducción temeraria, es decir, por haber conducido bajo los efectos del alcohol”, detalló Montti.
Otro de los datos preocupantes para los defensores de derechos humanos son los 184 casos recibidos en los que las personas han sido detenidas por acusaciones realizadas por llamadas anónimas, de acuerdo con la versión que ha dado la misma Policía a los familiares en el momento en el momento de la captura.
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Montti explicó que la modalidad de las llamadas anónimas puede ser parte de la ruptura de los tejidos sociales dentro de las comunidades, lo que provoca temor y desconfianza y que incluso puede llevar a algún tipo de conflicto.
El estudio refleja que, a pesar del estado de excepcionalidad, en las comunidades se siguen presentando casos de desplazamiento forzado interno.
Cristosal ha atendido 330 personas en condición de desplazamiento forzado interno, de las cuales en el 63.7% de los casos fueron sometidas a amenazas de pandilla y un 15.5% por la PNC o militares, un 5.4% por personas particulares y otros hechos provocados por desconocidos.
Comunidades afectadas
Según un estudio realizado por Cristosal, el régimen también ha afectado la convivencia en las comunidades y ha reconfigurado las dinámicas de vida cotidianas, familiar y comunitaria. Esa organización realizó 83 diálogos colectivos a nivel nacional, que consisten en espacios de aprendizaje para llevar conocimiento sobre derechos humanos y promover la organización cívica.
En estas actividades, en las que participaron 703 personas de áreas y urbanas y rurales, se pudo constatar que en algunas comunidades el régimen de excepción ha provocado la división y el debilitamiento del proceso comunitario, pues se estigmatiza y se separa a familiares de personas detenidas del resto de la comunidad. Según Cristosal, esto ha profundizado la desvinculación entre vecinos, segregación de los grupos familiares y la fracturación del tejido social.
Además, a nivel comunitario el régimen ha provocado el cierre deliberado de espacios y acciones organizativas, la criminalización de poblaciones vulnerables beneficiarios de proyectos organizados por grupos sociales, por ejemplo aquellos en beneficio de jóvenes en riesgo.
Cercos comunitarios
En cuanto a la instalación de cercos comunitarios, anunciados por el gobierno, dentro de la quinta fase llamada “extracción” del plan control territorial, Montti explicó que poner ese tipo de cercos puede generar otro tipo de vulneración de derechos.
“Hemos identificado casos, incluso de niñas sufriendo acoso sexual, de mujeres y jóvenes golpeados o detenidos, en una especie de amenaza de algunos miembros de la Policía”, explico Montti.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, expuso en el programa matutino Frente a Frente que la quinta fase, de siete, delPlan Control Territorial, inició con “una pequeña prueba de concepto en Comasagua” en respuesta a un asesinato cometido por una clica de la Mara Salvatrucha.
Según el ministro, esa “prueba” les permitió combinar estrategias militares y policiales, porque el ejército se encarga del cerco perimetral alrededor el municipio, mientras la Policía hacía la “extracción” de los responsables materiales del homicidio.
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“Esto es lo que nos lleva a madurar un poco más esta fase cinco que naturalmente ya no va a ser en municipios pequeños”, aseguró Villatoro. Aunque el ministro no especificó a qué municipios les aplicarán los cercos militares, dijo que necesitarán una gran cantidad de elementos de la fuerzas de seguridad para intervenir municipios “densamente” poblados, pero será el presidente quién decida qué lugares serán intervenidos.
Según Villatoro, ya tienen identificados a los pandilleros pendientes de capturar en cada municipio y las rutas que utilizan para moverse de un lugar a otro.
“Es complicado cercar una población que tiene mucha población o mucho territorio pero(…) todo eso se hace con base a información de inteligencia y es parte del estudio de los últimos 20 años del accionar de estos grupos terroristas”, dijo.
Según explicó el ministro ese estudio está basado en la información de investigaciones de casos realizadas por la Fiscalía y la Policía en los últimos 20 años. “Como fuerzas del orden estamos preparados para reaccionar en cualquier municipio. Es algo que tiene que decidir el señor Presidente”, aseguró.