Ante asesinato de policías, Cristosal reitera llamado a implementar medidas integrales de seguridad
La organización señala que la muerte de los agentes policiales “evidencia la necesidad de profundizar” en las investigaciones para atacar con certera a las pandillas.
El Salvador necesita medidas integrales de seguridad con enfoque de derechos humanos para evitar más víctimas de los ciclos de violencia. Así lo consideró Cristosal en relación a los tres policías asesinados este martes en Santa Ana.
A través de un comunicado de fecha 28 de junio, la organización expresa su solidaridad para con las familias de las personas asesinadas y con el cuerpo policial. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de tres agentes policiales en el cumplimiento de su deber. Todos ellos jóvenes y con familias que se unen a a las miles de víctimas de la violencia", se lee en el documento.
La organización expresa que cree firmemente que "los derechos humanos y la justicia deben ser la brújula que guie las políticas de seguridad". Además, señala que se está demostrado que la violencia solo genera más violencia.
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"Reiteramos el llamado a una urgente necesidad de implementar medidas integrales de seguridad pública que enfrenten la problemática sin generar nuevos ciclos de violencia; que planteen medidas que atienden su múltiples factores; que incluye a los diferentes sectores y que no vulneren los derechos humanos", dice el escrito.
Cristosal plantea que la muerte de policías “evidencia” la necesidad de profundizar los procesos de investigación “para atacar de forma certera a estas estructuras criminales que continúan afectando a la población”, en lugar de procesos masivos que llevan la limite al sistema judicial sin poder garantizar debidos procesos que lleven paz a las familias salvadoreñas.
La jefa Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, habló sobre ese hecho violento en una entrevista matutina de este miércoles y calificó como algo “grave” que las pandillas puedan hacer una emboscada y ejecutar a policías tras los tres años del Plan Control Territorial y tres meses del régimen de excepción.
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