Economistas como Rafael Lemus se han dedicado a explorar con detalle la propuesta del anteproyecto de ley de Pensiones que el gobierno pretende que la Asamblea apruebe antes de que finalice 2022.
El experto advierte que, a pesar de la pretensión de aumentar la pensión mínima a $400, las medidas que impulsa dentro de la propuesta de ley, van en detrimento de otro grupo de cotizantes que verán disminución en el monto de su pensión a la hora de jubilarse.
Esto se debe a que el proyecto de ley le quita al trabajador el 3% del Fondo de Garantía Solidaria que la ley vigente establece que debe ser devuelto con todo y los intereses devengados cuando el cotizante tenga que pensionarse. Esto implicaría que el gobierno se estaría quedando con $240 millones anuales, una cantidad que iría aumentando progresivamente, afirmó Lemus.
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“Se deroga la obligación de devolución del 3% que se aporta a la Cuenta de Garantía Solidaria. La Ley vigente establece que al momento de causar pensión de vejez se devuelve, se reintegra con sus intereses”, manifestó Lemus. Para el especialista es un “robo de los ahorros” de los trabajadores que actualmente cotizan a las AFP y de los futuros cotizantes.
El detalle de como se distribuyen los 15 puntos que aportan el empleado y el empleador en cotizaciones para la Cuenta Individual de Ahorro para Pensionarse, es que el 5% se va a la cuenta de Garantía Solidaria, para cuando el trabajador tenga que reclamar su pensión, tal como está la ley actualmente, tiene el derecho a que se le devuelvan 3 puntos de ese Fondo solidario.
“Ese aporte de la cotización se le reintegra y su ahorro crece y por tanto su pensión. ¿Pero qué pasa con la reforma planteada por el gobierno? Esta dice que se deroga ese artículo y al anularlo se “toma esos 3 puntos de los trabajadores actuales para pagar la piñata que ahora se están disparando”, cuestionó.
Por eso, Lemus advierte que la buena intención de mejorar las pensiones está generando consecuencias negativas para un grupo de personas.
El experto también advierte injusticias en la distribución del 16% que pretende la ley propuesta. “De los cotizantes actuales usted les agarra dinero para pagar pensiones más altas de los ya jubilados del ISSS y del INPEP y que aportan cero, lo toman de las cotizaciones actuales y de los nuevos”, afirmó.
Además, hay otros aspectos, tal es el caso de los que pidieron el anticipo de su ahorros, pues según la moción del Ejecutivo no tendrán que devolverlo, pero tampoco tendrán derecho al incremento del 30% de la pensión. Este punto ha sido debatido en la comisión Ad Hoc que estudia los proyectos de ley.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expuso ayer que analizan con los diputados de la bancada oficialista la posibilidad de que el trabajador lo pueda reintegrar para que pueda acceder al incremento del 30%, pero no se tiene claro si solo será el capital o también el empleado deberá reintegrar el dinero con la rentabilidad no percibida.
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El funcionario informó que con las propuestas que han llevado a la Asamblea esperan incrementar en $160 millones anuales el fondo de pensiones, para poder cubrir el aumento del 30% que sería general para todos, excepto para los que ya tendrían una pensión mínima establecida de $400, que es el grupo de los trabajadores que ganan el salario mínimo.
De los $160 millones anuales, $80 millones saldrán del 1% adicional que se cargará al empleador y otros $80 millones con el 1% que se destinará a la Cuenta de Garantía Solidaria, dijo Zelaya.