La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) llamó a los salvadoreños a no tolerar ni justificar la corrupción, sino alzar la voz para denunciarla y exigirle a las autoridades que la combatan, pues las principales afectadas por ese flagelo son las personas mismas, sobre todo las más necesitadas.
“Cuando el dinero se va hacia la corrupción dejan de construirse escuelas, deja de haber buenos hospitales, dejan de construirse carreteras, se afectan los derechos a la vivienda, la salud y la educación de millones de personas”, declaró Úrsula lndacochea, abogada peruana y directora del programa de Independencia Judicial de DPLF.
Al cumplir su cuarto año de gobierno, el presidente Bukele anunció que lanzaba una ofensiva contra la corrupción, pero observadores políticos y especialistas en el tema le señalaron que debería de comenzar por la corruptela en su mismo gobierno, principalmente con los casos que documentó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES).
La Fundación DPLF, por su parte, ha elaborado un estudio que identifica los obstáculos que enfrenta la lucha contra la corrupción en El Salvador. En este sentido, lndacochea hizo ver que el daño con la corrupción no se hace a una entidad abstracta, como cuando se hablar de “el Estado”, sino a personas de carne y hueso y sus familias.
“Hace falta individualizar a las víctimas de la corrupción... La corrupción sí tiene víctimas y con nombres y apellidos, a quienes se afectan en sus derechos concretos, víctimas que se enferman, víctimas que mueren, víctimas que pierden oportunidades…”, enfatizó la jurista.
Por eso considera que cuando se identifican víctimas concretas lo que corresponde es que la Fiscalía pida reparaciones legales para estas personas afectadas.
En este sentido estima como clave la participación de la ciudadanía y el derecho a la transparencia y al acceso a la información pública.
Para la abogada, se puede comenzar una lucha contra la corrupción en clave democracia, con la participación de la gente que no tolere ese flagelo y no se conforme con pensar y decir “todos roban”.
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No manipulaciones
Por eso le pide a la sociedad civil seguir utilizando los mecanismos de acceso a la información pública aunque haya “reservas” (ocultamiento) y no dejar de insistir en obtener información, hacer veeduría de los procesos de designación de autoridades de control y alzar la voz cuando vean los efectos de la corrupción en las personas.
La jurista insistió en que “se necesita que la lucha contra la corrupción sea sincera y no una manipulación”. Por lo anterior, recordó que la corrupción ha alcanzado a todos los gobiernos anteriores y quienes han llegado al poder lo han logrado prometiendo luchar contra dicho flagelo. En este punto observa que la corrupción es un fenómeno sistemático, no es coyuntural ni asociado con una determinada tendencia de derecha o de izquierda ni otro color político.
Si bien desde la firma de los acuerdos de paz en 1992 se tomaron medidas para luchar contra la corrupción, el camino ha sido “sinuoso” y se ha retrocedido, señaló. “Se han debilitado instituciones y se han adoptado decisiones legislativas de gobierno que no van en la dirección de una cultura de la legalidad, de la integridad y la rendición de cuentas en la función pública”, advirtió.
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Obstáculos
Indacochea reconoce que El Salvador es suscriptor de los principales instrumentos de la lucha contra la corrupción y existen instituciones como la Corte de Cuentas, Probidad, la Fiscalía, creadas para pedir una rendición de cuentas a los funcionarios y existe un marco de leyes penales, así como procedimientos como la extinción de dominio y otras herramientas. Sin embargo, ha habido obstáculos como la remoción de las autoridades del sistema de justicia y el Fiscal General. “Estos dos hechos debilitan la cadena de justicia para combatir la corrupción”, advirtió.
Esto, a su juicio, es grave porque la Corte Suprema, a diferencia de otras de la región, tiene la sección de Probidad y en los años recientes se había distinguido por investigar la corrupción y exigir que se documentara la elección de funcionarios de segundo grado.
A esto se agregó la inseguridad laboral de jueces y magistrados, lo cual golpea la independencia de la justicia y los vuelve más vulnerables a presiones. Esto hace que la corrupción entre al sistema de justicia también.
Otro tanto, explicó, ocurre con la reestructuración que siguió a la destitución del anterior Fiscal General, que afectó unidades fiscales e investigaciones clave contra la corrupción en el Estado.
También se suma la reserva o secreto de informes de la sección de Probidad, que hasta hace poco eran públicos, por decisión del pleno de la Corte Suprema. Esto impide saber qué funcionarios están siendo auditados y cuáles son los resultados de las investigaciones.
“Hay que proteger la presunción de inocencia de estas personas, pero es importante que los ciudadanos sepan los criterios con los que se hacen las auditorías, si los casos se estancan y por qué”, observó.
A la fundación le preocupan también la exención de posible responsabilidad de funcionarios en el marco de compras de bienes y servicios relacionados con la pandemia del covid-19, la terminación abrupta del mandato de la CICIES con dos años de estar funcionando, que estaba documentando casos que podrían haberse investigado penalmente. Además señala el debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde se han hecho designaciones cuestionadas por la sociedad civil.
Gobierno debe promover la integridad
Por lo anterior considera que se deben tener acciones concretas y no sólo perseguir a personas individuales, sino mirar hacia lo estructural, es decir, los gobernantes tienen que dar el ejemplo,“contagiar” o promover la integridad las instituciones, identificar las condiciones que permitieron la corrupción y atacar y eliminar esas condiciones porque de otro modo, la corrupción estará destinada a repetirse.
En este sentido, pide establecer políticas públicas de integridad y transparencia que incluyan mecanismos para denunciar la corrupción dentro de las instituciones del Estado y valorar restablecer un mecanismo internacional de apoyo como en el pasado fue la CICIES.