Exsecretario de Comunicaciones de Presidencia demandado por presunto enriquecimiento ilícito
Al exfuncionario, a su exesposa y al hijo de ambos la Fiscalía los señala de no poder justificar más de $300,000 de aumento en su patrimonio.
David Marciano Rivas, quien fue secretario de Comunicaciones de la Presidencia en el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), fue demandado esta semana por presunto enriquecimiento ilícito.
La demanda, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, también comprende parte del grupo familiar cercano del exfuncionario.
La fiscal a cargo de presentar la demanda detalló que Rivas, su entonces esposa María A. M. y el hijo de ambos David A. R. M., no pudieron justificar un aumento en su patrimonio de $308,252.08.
El exsecretario no habría podido desvanecer cinco irregularidades por depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito que totalizan $265,055.49; mientras que a María A. M. le atribuyen un aumento patrimonial injustificado por $31,496.59 en concepto de depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y compra de vehículos.
Los restantes $11,700, habrían sido depósitos bancarios en efectivo que David A. R. M. realizó de forma injustificada, explicó la fiscal.
LEA TAMBIÉN: Alcalde de Intipucá suma tres meses ausente de su cargo
“Esto es producto de las declaraciones patrimoniales presentadas ante la sección de Probidad y la resolución dada por la Corte Suprema de Justicia en pleno, donde declaró los indicios de enriquecimiento del funcionario y su grupo familiar en fecha 28 de septiembre del corriente año”, explicó.
La Fiscalía pide que la Cámara ordene al exsecretario de Comunicaciones a restituir el dinero y lo inhabilite por un periodo de diez años para ejercer cargos públicos.
David Marciano Rivas es también uno de los diez procesados por el caso Saqueo Público cuya resolución está prevista que sea leída el próximo 30 de noviembre.
Por ese caso, la Fiscalía acusa a diez personas por peculado (malversación de dinero público), lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento y alega que contribuyeron a desviar $351 millones de las arcas del Estado.