En el marco del Plan Anticontrabando del Gobierno, un total de 6.2 millones de cigarrillos serán trasladados desde la Aduana Terrestre de San Bartolo hasta una empresa situada en Metapán, en Santa Ana, para ser destruidos, tras haber ingresado a El Salvador sin pagar los impuestos correspondientes.
De acuerdo con una investigación realizada por El Diario De Hoy; los cientos de paquetes de cigarrillos de contrabando ingresan al territorio nacional; ocultos en bolsas negras, tapadas con lonas o dentro de sacos y son transportados en lanchas, camionetas o camiones al país, la mayoría por puntos fronterizos no autorizados, según datos de la Policía Nacional Civil.
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Solo en el presente año, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) han decomisado $2.8 millones en cigarrillos, incrementando a un 128% a diferencia del 2021.
Según detalló Samadhy Martínez, directora General de Aduanas de El Salvador, el Estado dejó de percibir $1.4 millones de los impuestos, debido a los 6.2 millones de cigarrillos decomisados por contrabando, con un peso aproximado de 6,161.75 kilogramos, según el informe de las autoridades.
"Estos cigarrillos han sido ingresados al país por puntos fronterizos no habilitados, conocidos como puntos ciegos"
- Samadhy Martínez, directora General de Aduanas de El Salvador.
El contrabando de cigarrillos genera dos problemas para el Estado: uno por el gasto en salud pública debido a las enfermedades respiratorias causadas por este tipo de productos que no cumple con registros sanitarios y dos, debido a las pérdidas millonarias dejadas al fisco al evadir impuestos.
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"Las personas que comercializan este tipo de cigarrillos atentan contra la salud de la población. Muchos de ellos (cigarrillos) se embodegan en condiciones sumamente pésimas, están contaminados con heces de ratas"
- Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.
A eso se le suman, las pérdidas económicas que afectan al comercio formal responsable, que enfrentan una competencia desleal frente al mercado negro.
Por su parte, Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, aseguró que la destrucción de los 6.2 de cigarrillos de contrabando "genera condiciones de igualdad y libre competencia" para los empresarios que con esfuerzo sacan todos sus trámites.
Además, recalcó que los cigarrillos no están prohibidos en el territorio nacional, sin embargo, los comerciantes deben cumplir con las reglas para poder venderlos.