El juez ambiental de la zona oriental, Elí Díaz Álvarez, se siente “preocupado” por la falta de interés de parte de las municipalidades y la población en general en atender y solucionar los problemas medioambientales.
“Me preocupa (municipios de) San Miguel, La Unión, Santa Rosa de Lima, Usulután y San Francisco Gotera (Morazán); me preocupan bastante. En cambio, los municipios de la zona norte de los departamentos San Miguel y Morazán son bien limpios; felicidades para ellos” manifestó el juez.
Díaz Álvarez añadió que “hay pueblecitos pequeños alrededor de San Miguel sucios y los alcaldes no le dan importancia. Y ahora a estos alcaldes hay que capacitarlos y les ponemos a la colita al Ministerio de Medio Ambiente y algún par educadores ambientales para que hagan las cosas bien”.
Además, al juez también le preocupa “bastante el ente encargado de hacer esto y no lo hace (es) el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación, que se dedica a dar educación formal y la educación ambiental (...) además de eso la Ley Ambiental tiene un principio que es la educación y no lo ponen en práctica” agregó
En mayo del 2021, el juez Álvarez ordenó a la alcaldía de San Miguel el cierre de siete botaderos a cielo abierto que se encuentran distribuidos en todo el municipio. En ese momento la comuna efectuó campañas de limpieza en los sectores señalados, pero a menos de un año, estos botaderos aún siguen siendo utilizados por la gente para tirar desechos. Un hecho que resulta inaceptable para el juzgador.
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“San Miguel tiene recursos, lo procedente es poner, fortalecer, crear una escuelita ambiental. Digamos en diferentes puntos donde se esté dando clases a unas 40 personas en cada uno. Qué tal si tenemos un grupito de empresarios pequeños, luego empresarios medianos y después empresarios grandes que tienen vehículo y ellos mismo pueden llevar la basura al relleno sanitario ya clasificada; pero no lo hacen por falta de educación, porque no hay conciencia y por falta de organización de la alcaldía”, opinó.
El juez Álvarez tiene una fuerte convicción de que los 87 municipios de la zona oriental deben de contar con una escuela ambiental, por ello expuso que citará a cada uno de los representantes municipales para dicha medida.
“Las alcaldías no le dan importancia (a temas ambientales) pero a través de las medidas cautelares , ahora algunas si le dan importancia. No sé San Miguel qué planes tiene, pero me preocupa San Miguel porque tiene una cultura negativa, no tiene conciencia la gente en general; existen excepciones, pero en general necesitan bastante el fortalecimiento de una escuela ambiental”, expresó.
El juez cree firmemente que si las municipalidades acatarán todas las medidas cautelares impuestas por ese tribunal “tuviéramos municipios sanos, limpios fuera de peligro y descontaminados y listos para el desarrollo” , pero la reducción del FODES al 1.5% se ha convertido en un obstáculo según los alcaldes.
“En ocasiones los municipios dicen que no tienen recursos económicos por el Fodes, pero les digo que tienen que aprender a actuar con lo poco que tienen. El FODES es lo más recurrente, pero tienen un capital humano en la comunidad”, añadió.
En la zona oriental existe un grupo de medio ambiente, integrado por menos de 10 policías, un fiscal de medio ambiente y un juez de medio ambiente, por tanto para el juez tener bajo la lupa los delitos medioambientales es considerado una lucha titánica.
“Acá se pelea en contra del poder económico y el poder político porque de repente a un alcalde no le va gustar lo que estaba haciendo, le va a contarle a su papá y quitan al juez. Pero eso me tiene sin cuidado, porque ya tengo mi profesión y al quedarme sin trabajo al siguiente día tengo trabajo de lo mismo y más fuerte, porque hay un montón de delitos, faltas y daños al país que hay que llevarlos a la Fiscalía General de la República y se debe de promover la detención de muchas personas”, puntualizó.
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