La rendición de cuentas sobre el manejo de fondos públicos en estado de emergencia es algo “obligatorio” y ni siquiera hay que discutirlo debido a que así lo establece la Constitución de la Republica. Así lo señaló el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
El Salvador estará por 15 días bajo estado de emergencia nacional por la tormenta tropical Bonnie, según la declaratoria aprobada este martes en la Asamblea Legislativa, y que entre otras cosas, permite al Ejecutivo realizar compras omitiendo los procesos establecidos en la legislación, para agilizar las mismas ante la urgencia del caso.
Al respecto, el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, dijo este miércoles en la entrevista matutina “Diálogo con Ernesto López” que la necesidad de la declaratoria de emergencia nacional era bastante obvia por los daños causados por las lluvias. “Como país nunca hemos estado preparados para estas calamidades”, indicó.
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Explicó que un decreto de emergencia lo que hace es “complementar el estado de excepción que ya tiene el gobierno” de Bukele. “Es decir, por el decreto de excepción, puede hacer una serie de acciones de carácter territorial que normalmente no le permitiría la ley, pero por otra puede activar una serie de mecanismos civiles, haciendo politest, haciendo obligatorio las decisiones de desalojar zonas en peligro y fundamentalmente hacer uso más liberal, más ágil de los recursos”, manifestó.
Añadió: “Y quizás este es el punto que genera más discusión en el marco de la oposición por considerar que en el pasado, lo que hemos visto tanto en la crisis de la pandemia, como en otras que hemos vivido es que el manejo de los fondos no han sido transparentados como querían ellos que se transparentaran”.
Y efectivamente, diputados de oposición señalaron que el decreto no da pormenores de los planes a realizar para atender la emergencia, y reiteraron la falta de transparencia por parte de la administración de Nayib Bukele en la rendición de cuentas. Además, recuerdan que el Ejecutivo ya cuenta con un crédito de $400 millones ratificado en abril pasado para enfrentar desastres naturales.
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Bertrand Galindo expuso que la Constitución es más abierta que otras leyes, porque permite que en un caso excepcional como este (tormenta Bonnie) que se pueda hacer asignaciones de recursos sin que pueda tener crédito presupuestario, que “esa es como la regla de oro de la Constitución”.
Prosiguió que la carta magna permite “una excepción” y es en una tragedia o calamidad. No obstante, el experto aclaró: “pero eso en ningún momento quiere decir de que no se pueda o no se deba informar o liquidar el fondo que se autoriza. Es decir, inclusive, pide la Constitución que en la primera sesión del congreso siguiente a la decisión de usar los fondos, se le informe para que quede registrado el crédito presupuesto”.
Ahondó en que son dos cosas diferentes, ya que por un lado se tendrá agilidad para gastar y disponer de los recursos que probablemente estaban destinado para otros propósitos y poderlos usar en la emergencia. Pero, “otra cosa absolutamente diferente es no justificar el uso de los recursos”.
Si bien el estado de emergencia habilita al Ejecutivo a saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap) y no hacer las respectivas licitaciones para hacer compras durante la emergencia, el experto destaca que “eso no quita que no se debe liquidar”.
“Liquidar quiere decir, hacer el informe de las cuentas, cómo se usó el dinero, dónde se fue a parar, se pagó en qué, y hacer un cierre de los fondos. Eso es obligatorio, no sé porque hay que discutirlo siquiera”, concluyó.