El Juzgado de Sentencia “C” de San Salvador condenó, ayer, a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes y a 18 años de cárcel al exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés por el caso denominado “Tregua” de 2012.
Funes fue encontrado culpable por los delitos de asociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes mientras que Munguía Payés fue condenado por asociaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
El juez justificó su condena bajo la premisa que la Fiscalía logró demostrar que los acusados eran “funcionarios públicos” en el momento que se cometieron los delitos y que tenían conocimiento de las acciones ilegales que se relizaron para beneficiar a las pandillas y de esa forma mantener la popularidad del expresidente Mauricio Funes, quien tenía un evidente interés electoral.
Beneficios ilícitos
Entre los beneficios relatados por los testigos durante el juicio están reuniones de pandilleros de diferentes penales, visitas de mujeres, ingreso de orquestas y discomóviles, traslados de cabecillas sin seguir el protocolo, a cambio de bajar los altos índices de homicidios.
El juez consideró que todas esas acciones afectaban la normativa que prohibía el ingreso de celulares, chips y alimentos especiales, la entrada de mediadores sin el protocolo estipulado, celebraciones y visitas íntimas.
Según el juzgador también se demostró que hay indicios de la utilización de recursos económicos para el sostenimiento de las acciones ilegales por parte del gobierno para beneficiar a las pandillas, para que bajaran el índice de homicidios.
En el octavo día de juicio, un exfuncionario de alto nivel de Casa Presidencial bajo la clave “Franco” declaró que Mauricio Funes aprobó 50,000 dólares de los fondos reservados de la partida secreta para que fueran entregados en efectivo a “fuentes necesarias” que colaboraron en la tregua.
A pesar que esos fondos no se documentaron para su debida fiscalización. “Es obvio que no se va a tener documento para poder corroborar este indicio”, señaló el juez.
Fallo político
Tras la lectura del fallo, el general Munguía Payés declaró estar consternado y molesto por la forma en que se realizó el juicio. El exministro de Justicia y Seguridad expresó que era de carácter político y no jurídico.
“Yo me considero un condenado político solo por el hecho de haber servido como ministro de Justicia y Seguridad (...) me imputan una serie de acusaciones que no tienen ningún fundamento”, manifestó el militar.
Munguía Payés sostuvo que el caso en su contra y Funes fue armado por dos fiscales y dos pandilleros que ahora andan huyendo. De los dos testigos criteriados, a los que se refiere el exfuncionario, la Fiscalía tuvo que prescindir debido a que no fueron localizados.
“La defensa probó mi inocencia, acá ninguno de los testigos dijo que yo había dado alguna orden para que se inclumplieran las leyes en centros penales”, aseguró visiblemente molesto el general.
En el desarrollo del juicio, los directores de centros penales, que desfilaron como testigos, al ser interrogados de manera directa por la defensa sobre si Munguía Payés les había dado órdenes directas de manera verbal o escrita, todos contestaron que no.
Pero, el juez consideró que la Fiscalía logró demostrar “la sugestión de los directores de centros penales en claro cumplimiento a las instrucciones recibidas desde la presidencia de la República, el ministro de justicia y Seguridad por medio del inspector general de centros penales.
Por tanto, el juez condenó a Munguía Payés a ocho años por asociaciones ilícitas, seis por incumplimiento de deberes y cuatro más por actos arbitrarios. Mientras que Funes, fue sentenciado a ocho años por agrupaciones ilícitas y seis por incumplimiento de deberes.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, reaccionó a la condena afirmando que los exfuncionarios negociaron con los grupos criminales a cambio de favores electorales.
Por su parte, el director fiscal contra la corrupción expresó que están satisfechos porque se trata de un fallo histórico por la “participación de un expresidente de la República en una negociación entre pandillas”.