Héctor de Jesús Castaneda, ex motorista del Ministerio de Salud, fue condenado a 14 años de cárcel por complicidad en el delito de homicidio simple, en el ataque contra una caravana de militantes del FMLN.
En el atentado fueron asesinados dos activistas efemelinistas identificados como Gloria Rogel, de 56 años y Juan de Dios Portillo, de 68 años.
El ataque fue cometido el 31 de enero de 2021 en la primera calle Poniente y 11a avenida Norte, de San Salvador.
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A principios de febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República acusó por los asesinatos a tres empleados del Ministerio de Salud, Minsal, y como pruebas presentó videos del sistema de videovigilancia del municipio de San Salvador.
Los tres empleados procesados son: Diego Francisco Alvarado Peña, jefe de seguridad del ministro de Salud, Francisco Alabí; Roberto Carlos Coto de Paz, vigilante del referido ministerio y el motorista del mismo, Héctor de Jesús Castaneda.
De los tres acusados solo Castaneda fue condenado.
Alvarado Peña, quien también resultó herido en el ataque, murió el 25 de febrero pasado en el hospital general del Seguro Social, por lo que el proceso en su contra quedó sin efecto, a pesar que en la vista pública se demostró que fue el autor principal del ataque armado.
Mientras que Coto de Paz fue absuelto de los cargos por el juzgado 5°de Sentencia por falta de prueba, debido a que no se le observó en los videos presentados por la Fiscalía, ni fue mencionado por los testigos.
Alejandro Portillo, abogado defensor del condenado, expresó que durante la vista pública ninguno de los testigos pudo demostrar la participación de Castaneda en el cometimiento del delito. "El tuvo que haber sido declarado inocente desde la primera audiencia, pues nunca se le encontró un arma" expresó.
Durante el proceso judicial, el juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador ordenó una reconstrucción de los hechos del ataque armado, la cual se realizó en abril de 2021.
El juez, Roberto Arévalo Ortuño fundamentó la decisión de la reconstrucción en que "es un medio probatorio necesario de carácter orientador al servicio del juzgador que le permite mediante datos aportados por las víctimas, testigos o los mismos imputados recrear la escena del delito para establecer si los hechos ocurrieron o no de tal manera".
Además de la reconstrucción de los hechos, el juez Arévalo Ortuño autorizó el envío de una copia de video para que sea analizado en el laboratorio del Buró de Investigación Federal (FBI) de Estados Unidos.
La petición se basó en tratados de Asistencias Internacionales entre Estados Unidos y El Salvador y tenía como propósito que un experto forense mejorara la calidad de un video.