Conan Castro, secretario jurídico de Presidencia, negó que con las reformas que castigan hasta con 15 años de cárcel por divulgar mensajes alusivos a pandillas se pretenda censurar a los medios de comunicación, pese a que expertos, organizaciones y gremio de periodistas han señalado que sí y las han calificado como "mordaza" a la prensa.
Tras las críticas por la aprobación exprés de las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas que realizó la Asamblea Legislativa durante la plenaria de esta semana, el funcionario salió a la defensa de estas a través de un hilo de Twitter que publicó el miércoles 6 de abril.
"Nuestra sociedad 'normalizó' la violencia de las pandillas en todas sus expresiones. Las ciudades fueron lienzo para marcar territorio y aterrorizar. El fin del decreto aprobado ayer (martes) en la Asamblea Legislativa es erradicar estos y otros mensajes terroristas en contra de la población", se lee en el primer tuit de Castro.
Prosiguió: "Estas reformas no se pueden interpretar fuera del contexto #GuerraContraPandillas. La prohibición de erradicar este tipo de expresiones, no es un ataque contra la libertad de expresión de los medios de comunicación o personas que buscan INFORMAR a la población".
No obstante, en otro de sus argumentos a favor de las reformas señala a los medios de comunicación de generar "zozobra" a la población.
"Más bien busca cuidar la salud mental de nuestra gente que se ha visto afectada por la zozobra generada por los diferentes medios, en tanto personas sin escrúpulos se dan a la tarea de desestabilizar política y socialmente a la población".
Diversos sectores que se han pronunciado en contra de las enmiendas han señalado que en el artículo 345-C que se incorporó al Código Penal se establecen penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes divulguen mensajes alusivos a pandillas a través de radio, televisión, periódicos y diversos medios digitales, con lo que consideran se estaría restringiendo el ejercicio periodístico y por ende "limita las opciones de información" que tiene la ciudadanía para conocer sobre la situación de seguridad pública en el país.
"Cuesta comprender cómo una medida tan positiva y necesaria es interpretada por la 'oposición', como un valladar a la información. Estos que critican la buenas y nuevas leyes, perdieron ya la noción del bien y del mal, solo les importa sus intereses partidarios", defendió el funcionario.
"El desorden que se permitió prosperar por décadas, es el criadero de los graves problemas que como población tenemos que soportar hoy. Ya los negociadores, los financistas, están por desaparecer. ¡Ahora a eliminar este problema de una vez!", concluyó.
La califican como "mordaza"
Para la abogada penalista Marcela Galeas la parte lesiva del artículo 345-C del Código Penal se estipula en el inciso segundo de este, el cual "criminaliza" e impone “mordaza” a la prensa por el hecho de informar sobre los hechos delictivos que cometen las pandillas.
“Esa situación no debe ser así, porque cuando se establece la criminalización de los medios de comunicación de la misma manera de aquellos autores del delito es una situación totalmente desproporcional, porque no son ni los periodistas ni los medios de comunicación quienes originan estos mensajes, únicamente trasladan la información, porque obviamente es de interés público”, explicó.
Similar opinión emitió la Asociación de Periodistas de El Salvador al calificar que “estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, una alarmante tendencia que la APES ha venido señalando”. Además, indicó que “se suma la figura de agentes encubiertos digitales, al escándalo impune de espionaje a periodistas con el software Pegasus y en la actualidad a la falta de garantías de privacidad a las comunicaciones ante la aprobación del régimen de excepción”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Enrique Anaya planteó que el divulgar mensajes alusivos a pandillas "podría estar sujeto a ciertas regulaciones", pero cuestionó "los términos" en que se redactaron las modificaciones.
"Prácticamente como muy bien dicen han metido en el mismo huacal a las maras y a los periodistas, es absolutamente ilegal, inconstitucional, violatorio de derechos humanos y sobre todo violatorio a la democracia e inclusive nos violan el derecho a los salvadoreños de poder tener acceso a información", señaló este jueves durante la entrevista Encuentro con Julio Villagrán.