Este domingo, representantes de varias comunidades de Tecoluca, cercanas a donde están construyendo el megapenal que albergará a decenas de miles de reos procesados o condenados por agrupaciones terroristas se pronunciaron en contra de ese proyecto que el gobierno central construye desde mayo de este año, en el cantón El Perical.
Un grupo de habitantes de las comunidades San Francisco Angulo, El Milagro, El Puente, Llano Grande e Ismendia criticaron que el gobierno central haya despojado de sus tierras a varios agricultores de parcelas cuyos propietarios, en su mayoría, eran ex combatientes y veteranos militares a quienes el Estado les entregó parcelas para su reinserción a la vida social luego de los Acuerdos de Paz.
Según el manifiesto de los representantes de las referidas comunidades, la construcción de la mega cárcel no es apoyo a agricultores, no es inversión para generar empleos y tampoco es mejora a la infraestructura productiva del municipio.
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Los manifestantes criticaron al presidente Nayib Bukele por llevarles una cárcel en vez de la construcción, dijeron, de una universidad.
De acuerdo con los vecinos de Tecoluca, la construcción de la cárcel deteriorará los mantos acuíferos de donde se abastecen no sólo las comunidades cercanas al penal sino también de otros municipios, como Zacatecoluca.
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Este daño incidirá no sólo en la escasez de agua para el consumo humano y de animales domésticos sino también para el cultivo de granos básicos, actividad predominante en la zona.
Los vecinos manifestaron su preocupación por el impacto ambiental que tendrán los aproximadamente 40,000 reos que supuestamente albergará la cárcel.
Citaron como ejemplo de su preocupación, el impacto que causará el tratamiento de 4,000 toneladas de heces que, según sus cálculos, producirían los reclusos. De esto, afirman, no se sabe si la obra incluye alguna forma de tratamiento que no dañe el ambiente o si al final solo serán vertidas en ríos y quebradas, que son muy abundantes en el sector.
Según estimaciones de los representantes de las comunidades, son al menos 300 manzanas de tierra altamente productivas las que el Gobierno ha expropiado, con lo cual ha dejado desprotegidos a muchos campesinos y sus familias.