La comisión especial de antejuicio contra el diputado Alberto Romero, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) acordó emitir el dictamen favorable que declara que hay lugar a formación de causa contra el diputado y se le suspenda de sus funciones.
El presidente Ernesto Castro convocó a sesión plenaria extraordinaria para conocer el dictamen de la comisión especial para el desafuero del diputado para este viernes 1 de septiembre de 2023, a la 1:00 de la tarde.
“Es el fiscal el que está diciendo que hay un posible cometimiento de delito”, expresó el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.
La comisión especial de antejuicio contra el diputado Alberto Romero inició la sesión de trabajo la mañana de miércoles con la valoración de las pruebas ofertadas por parte de la defensa y la parte fiscal. Esta última ofreció como pruebas declaraciones testimoniales de Ana de Lourdes Olmedo de Romero, esposa del diputado y de Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, hija del diputado.
También de María de Jesús Guardado, quien laboró como asesora en la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; de Ricardo Gutiérrez Romero, quien laboró como colaborador administrativo en la Asamblea, de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza hasta el 1 de febrero de 2018; y de Ana María Gertrudis Ortiz Lemus, quien laboró como asistente de fracción de ARENA hasta el 30 de abril de 2018, para que expliquen las razones por las que hacían depósitos de dinero en cuentas de la esposa de Alberto Romero.
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Sin embargo, solamente Ortiz Lemus se presentó al citatorio, por lo que la parte fiscal pidió que se llamaran por apremio para que fueran conducidas por la Policía Nacional Civil (PNC) a comparecer a la comisión y que se pidieran los registros migratorios a la Dirección General de Migración y Extranjería.
Registros de salidas
Luego del receso, se leyó el informe del comisionado de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, en el que mencionó que fueron ubicadas las viviendas, no así las personas. Y el registro migratorio indicó que la esposa e hija del diputado Romero salieron del país la tarde del pasado 23 de agosto hacia Guatemala, por la frontera de Anguiatú.
Al no contar con todos los testigos, la Fiscalía desistió de escuchar el testimonio de Ana María Gertrudis Ortiz, quien fue la única que acudió.
“El que estén huyendo mas bien genera la certeza de que esta Asamblea Legislativa debe proceder con el desafuero”,
Giovanny Zaldaña, parte fiscal
Como parte de las pruebas se leyó el fallo de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque con el fallo en el caso civil de 28 de agosto de 2023. Además se leyó el reporte de viáticos por los viajes realizados por el legislador, por un total de $257,494 desde 2006; además del salario.
“Es evidente que prueba no ha desfilado, para nada, ni han tenido la amabilidad de hacer el esfuerzo intelectual de leer el informe pericial”,
Ernesto Parada, abogado defensor de Alberto Romero
También la diputada Silvia Ostorga, de ARENA, criticó que no se escucharon los audios y videos de las discusiones en el proceso civil ante la Cámara de Cojutepeque que propuso la defensa. Sin embargo, indicó que acompañaría con su voto concurrente "para que sea en los tribunales donde se pueda hacer un juicio objetivo, transparente y apegado a derecho; no como lo que aquí hemos visto", dijo.
Pese a ello, los diputados de la comisión insistieron que el requerimiento de la Fiscalía General de la República contiene suficientes “indicios” de enriquecimiento ilícito.
“Reafirmo la postura personal que es de que debe de perder el fuero y enfrentar la justicia y que sea su defensor el que determine allá si es inocente, pero todo parece indicar que es culpable, por lo que ha presentado la Fiscalía”, dijo el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).