Jóvenes colombianos que emigran a El Salvador en busca de mejorar sus condiciones económicas y las de sus familias, podrían estar cayendo en una red urdida por sus mismos connacionales dedicados a préstamos con intereses altos, que en Colombia y otras naciones suramericanas son conocidos como “gota a gota”, según investigaciones de autoridades salvadoreñas.
A mediados de junio de este año, 14 colombianos enfrentaron una audiencia de imposición de medidas luego de que en un lapso de doce días fueran capturados en distintos puntos del país, específicamente en los departamentos de Sonsonate, La Libertad y San Salvador.
Varios de ellos confesaron a los agentes captores que se dedicaban a hacer préstamos directos con un interés del 20% sobre el total de la deuda, lo cual en El Salvador es ilegal según la Ley contra la Usura, aprobada en el 2013.
En documentos concernientes a la investigación sobre la participación de los 14 colombianos capturados, se indica que algunos son prestamistas. Por ejemplo, de Yohan Sammy Viñasco Castañeda, de 29 años, detenido el 30 de mayo en la colonia Sánchez, se indica que es “prestamista”.
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A éste le decomisaron 14 pasaportes colombianos a nombre de otras personas. Junto a él fue detenido el también colombiano Martín Gustavo Suarez Cuenca, de 25 años, quien conducía una motocicleta en la que viajaban. Según los policías, el propietario de la motocicleta es un miembro de la Mara Salvatrucha que guarda prisión.
En los documentos fiscales, los 14 colombianos, incluyendo Suarez y Viñasco, son señalados de pertenecer a la Pandilla 18 Sureña.
El 31 de mayo fue detenido frente a las instalaciones del ex Zoológico Nacional, en el barrio Modelo, Juan Felipe Rueda García, de 20 años. A éste le decomisaron 214 dólares. A los policías captores les dijo “que el dinero era de capital e intereses de dinero prestado a diferentes personas”.
Daniel Stiven Bonilla Salazar, de 23 años, al ser capturado también indicó a los policías que “se dedica a realizar préstamos personales a diferentes personas”.
Lo mismo dijeron Cristian David Corrales Cardona y Yorman Andrés Ramírez Castillo, ambos de 31 años, capturados el 8 de junio en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Acajutla con Sonsonate.
Ambos manifestaron a los policías “que trabajan otorgando créditos personales a un porcentaje del veinte por ciento en las zonas rurales del departamento de Sonsonate, y en la zona portuaria de Acajutla”. A Corrales Cardona le hallaron varias tarjetas de presentación con la leyenda: CREDI-YA.
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Ese mismo 8 de junio fueron arrestados en Sonsonate Luis Fernando Betancur Ceballos, Kevin David Alarcón Sosa, Aberlain Bonilla Bedoya y Émerson Andrés López Millan. Según informes policiales, los cuatro se conducían cada uno en motocicletas.
Cuando los policías les preguntaron qué hacían en el país, respondieron que otorgaban créditos casa por casa al 20% de interés mensual y que no sabían la procedencia del dinero que les dan para los créditos. Según los informes policiales, los cuatro andaban tarjetas de presentación y promoción de créditos con la leyenda “CREDITOS YA”.
¿Cómo funciona la estructura?
“Honestamente él se fue a trabajar con un conocido que le ofreció trabajo de gota a gota. Gota a gota es prestamista. Son varios. En Colombia son cinco o seis, cada uno pone un poco de capital y ven dónde pueden ir a prestar”, explicó un familiar de uno de los 14 capturados.
De acuerdo con la Fiscalía, hay grupos de colombianos pertenecientes a estructuras con formación jerárquica con rangos con los que cada uno cumple sus funciones. Junior, administrador, coordinador, supervisor, asesores de venta, cobradores y colaboradores.
El “junior” es la máxima jerarquía en un territorio. Administra el dinero y a los miembros de la estructura. Además se encarga de recibir a los nuevos miembros cuando llegan al país y les asigna el territorio de operaciones, es decir, el lugar donde colocarán los créditos.
Entre tanto, el administrador o coordinador se encarga de entregar y recibir el dinero de parte de los supervisores. Además se encarga de la logística, incluyendo comprar cuentas bancarias de terceras personas, administrar y monitorear sitios web y redes sociales.
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El supervisor es quien está pendiente de la gente que tiene en el territorio a su cargo, que generalmente pueden ser cinco o diez. Este recibe el dinero que recolectan los cobradores o asesores de venta. Estos últimos colocan el dinero en préstamos pequeños en el mercado informal y también se encarga de la recolección de las cuotas diarias.
Por último están los colaboradores. Estos son quienes hacen la publicidad, generalmente de boca a boca, es decir, recomendando posibles clientes o posibles sectores del comercio informal donde pueden colocar créditos.
Aunque las familias de varios colombianos entrevistados por El Diario de Hoy afirmaron que fueron los mismos jóvenes quienes se pagaron el viaje, hay casos en que la estructura costea los vuelos; cuando eso es así, al llegar al país, los jóvenes deben entregar su pasaporte como garantía de que trabajarán para la organización al menos mientras cancela el dinero invertido en traerlo de Colombia.
Jaime Eduardo Paz, periodista colombiano, que está al tanto de la detención de colombianos en El Salvador, definió qué es un “gota a gota” en su país: “Un gota a gota es un criminal que ofrece préstamos con intereses sumamente altos y difíciles de pagar. De no hacer el pago de la cuotas, estas personas extorsionan a los “clientes” con sus propiedades. Si la persona no paga es asesinada y la deuda pasa al familiar más cercano. Así el círculo criminal hasta que se cumpla con la deuda”, indicó.
Cautela al viajar a El Salvador
Por su parte, Ingrid Escobar, dirigente de Socorro Jurídico Humanitario, hizo un llamado a la comunidad colombiana de abstenerse de viajar a El Salvador con el propósito de llevar a cabo actividades económicas que no estén amparadas por los procedimientos legales correspondientes.
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“Se advierte que en estos momentos no existen medios y mecanismos apropiados para la seguridad jurídica y libertad de las personas debido al Régimen de Excepción que estamos viviendo en el país, porque ya no es régimen ni estado excepcional, ya es la normalidad en el país”, afirmó.
“A las autoridades se les hace el llamado a respetar el estado de derecho, que significa en su conjunto, el respeto de los derechos humanos al debido proceso, garantías judiciales y al principio de presunción de inocencia. En ese sentido, si bien es cierto los ciudadanos extranjeros están privados de su derecho a la libertad, estos tienen derecho de defensa, ser oídos y vencidos en juicio tal como lo establece el Art. 12 de la Constitución de la República, derecho a la salud, alimentación y respeto a su integridad física y a la vida”, manifestó Escobar.