Hace ya cien días que la alianza oficialista en el Legislativo decretó régimen de excepción tras un alza significativa de homicidios en un solo fin de semana. Un centenar de días después, El Salvador se está colando rápidamente en la deshonrosa lista de países cuyos gobiernos violan indiscriminadamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La madrugada del domingo 27 de marzo, tras unas horas de deliberación, se avaló suspender temporalmente cuatro derechos: el de defensa ante una detención, inviolabilidad de la correspondencia, libre asociación y el periodo máximo de detención administrativa.
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Y si bien se contuvo el alza de homicidios atribuida a las pandillas de los días 25, 26 y 27 de marzo, los diputados de Nuevas Ideas y los de sus partidos satélite han prorrogado en tres ocasiones este régimen.
El costo de la reducción de homicidios no ha sido bajo para los salvadoreños. Por un lado hay miles de capturas de personas que el gobierno señala de ser líderes de pandillas. Eso trae calma a la población. Por otro, sin embargo, hay miles de denuncias de atropellos, abusos de poder y graves violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños.
Aquellas personas que viven en las comunidades más vulnerables han sido quienes más han sufrido la arbitrariedad y la virulencia de los cuerpos de seguridad. Según datos de Cristosal, hasta inicios de julio había 2,262 denuncias de abusos de poder por parte de elementos del Estado.
Cientos de estas corresponden a personas inocentes que fueron detenidas en masivas redadas en comunidades vulnerables. Como afirmó en abril José Miguel Vivanco, conocido defensor de derechos humanos, “en sectores populares las personas que están siendo sujetas y víctimas de las verdaderas redadas masivas y que están al margen del control judicial, siendo procesados como si fueran parte del crimen organizado y no lo son”.
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Human Rights Watch, por su parte, afirmó desde el inicio del régimen que “la estrategia de Bukele parece ser primero arrestar, luego tuitear y después investigar”.
Más allá de los arrestos de personas inocentes, otra situación empaña enormemente la política estrella del gobierno para reducir la criminalidad: las muertes de personas bajo custodia del Estado.
En este régimen de excepción, organizaciones defensoras de derechos humanos ya dan cuenta de más de 50 detenidos que han fallecido al interior de los diferentes centros penales. Algunos, por falta de atención médica o fármacos. Otros, con signos de violencia. Todos ellos eran responsabilidad de un Estado que en tres meses los dejó morir bajo custodia.
"Cuando se desmorona el Estado de Derecho, no es posible asegurar la protección de los derechos humanos de ningún individuo. Human Rights Watch aboga por los derechos de todos los salvadoreños y las salvadoreñas, quienes en el contexto actual se encuentran expuestos tanto a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de la autoridad”.
Tamara Taraciuk, Human Rights Watch
Entre las numerosas denuncias, también abundan testimonios de tratos crueles, inhumanos, humillantes y hasta tortura dentro de las cárceles del país. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones que velan por estos derechos expusieron algunos de los peores casos de deshumanización bajo custodia.
Asimismo, medios de comunicación han recogido estremecedores testimonios de un Estado que ha dejado de lado el debido proceso y la aplicación sensata de la ley y ha priorizado responder a la violencia con más violencia. Eso sí, una violencia dirigida incluso a los inocentes, a aquellos cuyo única falta aparente ha sido vivir en comunidades empobrecidas.
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Y en medio de estas denuncias, el Gobierno no solo no rectifica. Redobla su camino. El presidente de la República ya adelantó que este régimen no será derogado en los próximos dos o tres meses.
Asimismo, incurrió en una de sus prácticas favoritas: denostar y atacar a quienes le critican o cuestionan. Nayib Bukele ha llamado “defensores de las pandillas” a quienes señalan fallos en su nueva política estrella, el régimen de excepción que ha tenido en vilo a cualquier salvadoreño, así sea inocente, por los últimos cien días.