Permitir una visita a las cárceles salvadoreñas y establecer una mesa de diálogo entre las organizaciones de sociedad civil y el gobierno para abordar las desapariciones forzadas y de corta duración, fueron dos de los comentarios preliminares de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia denominada “Desapariciones forzadas durante el estado de excepción”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron las desapariciones forzadas y de corta duración cometidas por agentes estatales en el contexto del régimen de excepción. Siete movimientos expusieron ante la CIDH casos concretos documentados por medios de comunicación con testimonios de familiares de víctimas.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionistas, expuso que los casos de desapariciones de corta de duración se han conocido por la documentación de los medios de comunicación y la organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a que el Estado ha minimizado, negado e incumplido su obligación de prevenir e investigar estos hechos.
“Las condiciones de represión, miedo y desconfianza hacia las instituciones cooptadas por el Ejecutivo no garantizan que la denuncia no vaya a generar algún tipo de represalias en contra de las víctimas”, expresó Reyna.
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El representante de Cristosal, David Morales, agregó que entre las 5,775 denuncias de violaciones a derechos humanos, registradas por siete organizaciones sociales, se contabilizan 327 casos de desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales durante el estado de excepción.
Las víctimas de las desapariciones forzadas son en un 85% personas del género masculino y en un 15% de género femenino, de las cuales un 61% son jóvenes entre los 18 y 35 años de edad.
Morales manifestó que las desapariciones forzadas fueron precedidas de detenciones arbitrarias realizadas por policías o militares, luego hubo negación de información sobre el paradero del capturado, en casos hasta por ocho meses, sin que la familia tuviera certeza del centro penitenciario en el que se encontraba.
“Muchas personas detenidas bajo el régimen de excepción se encuentran en condición de desaparecidas, también hemos verificado que en muchos casos las autoridades penitenciarias entregan información falsa sobre el paradero de las personas”, aseguró Morales.
El representante de Cristosal aseguró que en esa organización han verificado la muerte de cuatro personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción, desaparecidas (por meses) mientras se encontraban bajo custodia del Estado y luego enterradas en fosas comunes.
En los cuatro casos, las autoridades ocultaron a sus familiares el paradero y no les notificaron de sus muertes por lo que las familias debieron investigar por su cuenta en los registros de las morgues del Instituto de Medicina Legal (IML) hasta saber donde estaban.
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Desaparecidos olvidados
Por su parte, Gabriela Santos, directora del Idhuca, expuso ante la CIDH el incumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a la investigación y búsqueda de personas desaparecidas cometidas por agentes no estatales, lo que ha obligado a las madres a realizar su propia búsqueda.
“Las detenciones masivas y arbitrarias de las que se hace alarde en el marco del estado de excepción, no significa que se ha garantizado la justicia para las personas desaparecidas y sus familiares”, expresó la representante del Idhuca.
En diversas ocasiones, las madres de los desaparecidos han denunciado la falta de atención y discriminación que sufren por parte de fiscales e investigadores asignados a los casos de sus familiares. Asimismo han denunciado la suspensión de las investigaciones sobre personas desaparecidas debido al régimen de excepción.
Las organizaciones sociales estiman que entre 2019 y 2022, las instituciones estatales recibieron al menos 6,400 reportes de desapariciones perpetradas en su mayoría por pandillas, de las cuales 2,397 podrían seguir activas.
Santos agregó que durante décadas las pandillas fueron las principales responsables de la desaparición de personas en el país y aunque este fenómeno se ha visto reducido en los últimos meses, ahora el Estado se ha vuelto uno de los principales victimarios de desaparición en el contexto del régimen de excepción.
“La políticas de seguridad en El Salvador no pueden convertir a las instituciones estatales en actores criminales para sustituir la actividad de pandillas en el territorio, la desaparición de personas independientemente de sus responsables debe ser prevenida, investigada y sancionada oportunamente”, puntualizó.
Asimismo Victoria Barrientos, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en Inglés), solicitó a la CIDH exhortar al Estado salvadoreño para que reconozca públicamente la existencia de las desapariciones, elaborar una política y una ley de desapariciones, crear un registro de personas desaparecidas y ratificar dos convenciones interamericanas para prevenir la desaparición.
El Estado niega desaparición forzada
En representación del Estado salvadoreño el colombiano Andrés Guzmán, comisionado presidencial de Derechos Humanos y la libertad de expresión, aceptó la desaparición de personas cometidas por las pandillas después del fin del conflicto armado y durante la primera tregua de pandillas y el gobierno que inició en 2012, en el gobierno de Mauricio Funes.
Sin embargo, negó rotundamente las desapariciones forzadas y las desapariciones de corta duración cometidas supuestamente por agentes e instituciones estatales, denunciadas por las organizaciones sociales y familiares de los capturados.
“Se ha alegado la existencia de las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, esto es totalmente falso (…) Considero que es justo que se reconozca por parte de todos los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, siquiera existan”, manifestó.
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El Comisionado hace esa aseveración basada en que, según él, en 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) no ha recibido ninguna denuncia bajo ese delito tipificado en los artículos 364 y 365 del Código Penal.
“Quiero dejar claro que en el 2023, la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos, tampoco existe ni reconocemos en nuestro contexto, las desapariciones forzadas de corta duración, un concepto que ha tratado de introducir en esta audiencia”, aseguró.
Ese punto, al final de la audiencia, la presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla, comentó que el Estado puede actuar de oficio en los casos de desaparición forzada y que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha establecido que el Estado no puede descargar su responsabilidad de búsqueda en la iniciativa de los familiares.
Por otra parte, Guzmán alegó que las desapariciones forzadas de corta duración no están contempladas “en el marco convencional, ni en la jurisprudencia nacional e internacional”.
El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas estipula la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Contra organizaciones
Por otra parte, el Comisionado Guzmán intentó demeritar la denuncia realizada por las organizaciones sociales, al asegurar que estas buscan atacar los planes de seguridad del gobierno y las acusó de fortalecer a las pandillas en gobiernos anteriores.
“Aprovechan que el país está en un período político electoral, también hay que comprender que varias personas que lideran estas ONGs provienen de esos partidos políticos que protagonizaron la guerra civil y luego en sus gobiernos permitieron el crecimiento y ayudaron al fortalecimiento de las maras y pandillas”, manifestó el colombiano.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Renaum, mostró su preocupación por las designaciones a la sociedad civil realizadas por Guzmán, en representación del Estado salvadoreño. Son “riesgosas y habría que ir con cautela con respecto a ellas” advirtió en sus comentarios finales.
“Me parece un poco arriesgado, por decirlo menos, la sobre generalización de que la sociedad civil salvadoreña, cuando vienen a los espacios internacionales a cuestionar al Estado, es que quieren boicotear un plan de seguridad o son parte de una oposición”, manifestó.
Renaum, además recordó que gracias a la sociedad civil existen ahora en El Salvador antecedentes de memoria, de verdad y de justicia como el caso de la desaparición de las hermanas Cruz, la Masacre El Mozote y el asesinato de García Prieto, entre otros.
Para finalizar, Guzmán aseguró que son las instituciones las que tienen los datos reales sobre el tipo de delitos y acciones. “Lo que no es oficial no tiene ninguna credibilidad ni sustento, no reconocemos la cifras ni los datos suministrados por no tener una fuente oficial”, sostuvo.
Sin embargo, guardó silencio absoluto sobre la reserva de información de carácter público que el gobierno ha impuesto para todos los datos estadísticos relacionados a la seguridad.
Tanto la comisionada Mantilla como otros hicieron la petición al Estado salvadoreño para que permita a la CIDH realizar una visita a las cárceles salvadoreñas.
“A octubre de 2023 había más de 65, 000 personas detenidas y a mí me gustaría conocer el flujo jurídico penal de esas personas detenidas, porque evidentemente no conocerlo es también incurrir en fallos al debido proceso”, recordó.
Finalmente, Mantilla recomendó establecer una mesa de diálogo entre sociedad civil y el gobierno con el acompañamiento de la CIDH para abordar el tema de la desaparición forzada.