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Venció el plazo para que los ambientalistas de Santa Marta salgan de prisión

Centros Penales ha incumplido la orden para que los lideres comunitarios sean trasladados a sus hogares para cumplir con el arresto domiciliar.

Por Abigail Parada | Ago 30, 2023- 12:37

Foto EDH/EFE

Familiares de los líderes comunitarios de Santa Marta, en Cabañas denunciaron que Centros Penales ha incumplido con el plazo para que los detenidos sean trasladados al Hospital Nacional Rosales y posteriormente puedan regresar a sus hogares para beneficiarse con las medidas de arresto domiciliar, según ordenó el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.

El pasado 23 de agosto el juzgado resolvió modificar la medida de detención provisional contra los cinco activistas de la comunidad Santa Marta, además de imponer una fianza económica de $3,000 a cada uno.

Juzgado otorga arresto domiciliar para líderes comunitarios de Santa Marta

Según la denuncia, este monto ya fue cancelado; sin embargo, la Dirección General de Centros Penales aún no ha agilizado el proceso de excarcelación de los ambientalistas.

A través de un comunicado señalaron “Santa Marta y ADES exigimos a la DGCP exigimos que saquen a nuestros compañeros inmediatamente de las cárceles donde se encuentran, por legalidad y por humanidad” argumentando que “unas horas o minutos” hacen la diferencia entre la vida y la muerte debido a las condiciones de salud y la avanzada edad de los afectados.

Los imputados Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos, fueron detenidos los primeros días este año tras una orden de captura girada por la Fiscalía General de la República en la que se les acusaba de delitos cometidos durante el conflicto armado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

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La audiencia inicial no se realizará en la sede del Juzgado de Paz de Victoria, debido a que la Fiscalía solicitó que la misma se realizara en el Centro Judicial Isidro Menéndez “por seguridad de las partes”. Foto EDH/ Jonatan Funes

Meses más tarde diferentes organizaciones se han pronunciado argumentando que existe falta de pruebas que vincule a los ambientalistas con las acusaciones.

El caso ha trascendido a nivel internacional debido a que los líderes comunales fueron quienes impulsaron los movimientos contra la minería en el territorio salvadoreño, en los últimos meses al menos 18 representantes del Congreso de Estados Unidos, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones sociales nacionales e internacionales se han pronunciado ante la poca transparencia en el caso.

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