El rostro de José Duval Mata Alvarado se ha convertido en un símbolo de lucha para los familiares de personas capturadas bajo el régimen de excepción en la zona del Bajo Lempa, en el Oriente del país.
“Consideramos que aquí en la zona es uno de los casos que evidencia con mayor claridad la arbitrariedad del régimen de excepción y de cómo las garantías de defensa de la persona se vulneran desde el Estado”, explicó Salvador Ruiz, representante del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa y de las Comunidades Eclesiales de Base.
Duval tiene dos resoluciones judiciales en las que dos juzgados especializados han ordenado que sea liberado bajo medidas alternas a la prisión, pero han pasado seis meses sin que la Dirección de Centros Penales cumpla ambas órdenes judiciales.
La primera orden de liberación fue emitida el 21 de septiembre de 2022 por un juzgado especializado de San Miguel, durante una audiencia especial de revisión de medidas contra el detenido acusado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Para gozar de la libertad el joven de 25 años tenía que presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial, no salir del país, no cambiar de domicilio, ni relacionarse con otras personas procesadas por delitos relacionados a las pandillas.
Sin embargo, el 18 de noviembre de 2022 Duval fue capturado por segunda vez al momento de salir de la prisión de Izalco, según el reporte policial, por el mismo delito de agrupaciones ilícitas y por el mismo hecho.
Aunque la familia no fue informada de manera pronta, supieron meses después de la nueva captura y que el joven había sido enviado al penal de Tecoluca.
Ante la segunda captura, el 12 de junio de 2023, un juzgado contra el crimen organizado de Santa Ana se declaró incompetente debido a que por ese delito Duval ya estaba siendo procesado en otro tribunal. Asimismo, ordenó la inmediata liberación del imputado sin restricción alguna.
“Hay un nuevo fallo del juez donde se declara incompetente porque él ya tenía una resolución de un juzgado de San Miguel, la cual no se había hecho efectiva y manda a decir que se ponga a esta persona inmediatamente en libertad. Esto ya lleva alrededor de seis meses y no sabemos nada de él”, explicó Ruiz.
Marcela Alvarado, la madre de Duval, viajó desde el Bajo Lempa para la cárcel de Tecoluca con la esperanza de que le entregaran a su hijo, pero ahí los custodios no la dejaron pasar ni del primer control de seguridad perimetral.
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“Aquí quien tiene que venir es el abogado defensor, usted no tiene nada que hacer aquí madre”, le dijeron. Ese día, Marcela lloró, se enfermó, se sintió impotente sin saber qué hacer, porque desde que su hijo fue capturado no ha dejado de abogar por su inocencia y su liberación.
“Eso es negativo porque los abogados de la PGR (Procuraduría General de la República) no van a llegar a ningún centro penal, además, todo está controlado y son sancionados si no cumplen con las órdenes que se les dan”, manifestó Ruiz.
Caso ante la CIDH
La arbitrariedad de la que está siendo víctima Duval ha sido denunciada por el Comité de Víctimas del Régimen de Excepción ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a 49 casos más, donde alegan diversas violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
El Comité registra unas 200 personas capturadas en las diferentes comunidades de ese sector, de los cuales han presentado 134 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, entre mayo de 2022 y septiembre de este año. Ruiz considera que la lucha del Comité no ha sido en vano debido a que 30 personas de esa zona han sido liberadas con medidas alternas a la detención.
El 10 de marzo de este año, el Comité a través de Cristosal, presentó 66 casos de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyendo el proceso del joven Duval y esperan que la Comisión pueda emitir medidas cautelares en favor de las víctimas.
“Los familiares y desde el Comité hemos argumentado que es arbitrario cuando el Estado no permite ni saber si están vivos o están muertos. El caso de José Duval es una evidencia de esto, pues él tiene estas dos resoluciones, pero realmente no sabemos si está vivo o si realmente está en el Cecot como se ha dicho” expresó Ruiz.
La madre de Duval relata que en un primer intento de llevarle el paquete al Cecot a su hijo, en centros penales le dijeron que no la podían inscribir porque según el sistema Duval ya había sido liberado.
Fue hasta el 29 de octubre de este año que la señora pudo ingresar el primer paquete, el cual compra con lo poco que gana lavando ropa ajena cada sábado. “Siento paz porque mi hijo va a saber que no lo he abandonado”, dijo.