A juicio de Carlos Palomo, presidente de la organización TRACODA, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) sigue igual que cuando se aprobó en marzo de 2011: robusta y bien calificada.
Lo que cambió, explica, es el grupo de encargados de cumplirla y a partir de eso, “ha habido serios retrocesos en materia de derecho de acceso a la información pública”.
Entre ellos, menciona a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quienes han abandonado su misión de guardianes de la transparencia en el país.
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“Son realmente muy pocos y pobres los resultados que han brindado como guardianes del acceso a la información”, lamenta Palomo y añade que ante su permisividad y poca diligencia, “las instituciones públicas se sienten con mayor tranquilidad de que no les va a ocurrir nada si ocultan información”.
Y estas instituciones, prosigue el experto, adoptan la “cultura institucionalizada de denegar información”.
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Población reprobaría al gobierno
Al consultarle a Carlos Palomo por qué considera que hay una cultura de opacidad en el país, su respuesta es clara: al gobierno no le conviene que la gente sepa lo que está sucediendo con los recursos públicos.
“Seguramente uno de los principales motivos por los cuales se oculta de forma sistemática información que antes era pública es porque la población reprobaría el uso que se hace de los mismos”, sentencia.