La verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, como obligación del Estado, son garantías importantes para la no repetición de crímenes de lesa humanidad, explicó la semana pasada el ex procurador de Derechos Humanos y Jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales.
Morales comparó la situación de vulneración a derechos humanos y torturas en centros penales denunciadas durante el régimen de excepción, con los hechos cometidos, tanto en le genocidio de campesinos en 1932, como durante el conflicto armado en los años 80.
El ex procurador recordó que miles de indígenas fueron asesinados durante el levantamiento campesino en la zona occidental del país en los años 30, los cuales quedaron en total impunidad. “Se enterró la memoria, se negaron los hechos, nunca hubo justicia” explicó.
Morales agregó que a inicios de los 80 ese genocidio se repitió con las masacres de poblacion rural campesinas en la zona de guerra, perpetradas por personal de la Fuerza Armada, pero planificadas por los altos mandos militares de la época.
“Y ahora tenemos un régimen de excepción que se impulsa desde el alto nivel del Estado, lo promueve el presidente, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia lo aplica violando el debido proceso” dijo.
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Morales detalló que dentro de esa politica de seguridad la tortura se ha vuelto una estrategia y como resultado de esa práctica se registran muertes de personas bajo custodia el Estado. Asimismo no se da información de los capturados, lo que los convierte en desaparecidos de manera forzosa por parte del Estado.
“El Salvador ha repetido su historia de violaciones de derechos humanos debido a la impunidad. Es decir, estamos repitiendo crímenes internacionales como política de Estado bajo el gobierno de Nayib Bukele. ” puntualizó Morales.
El exprocurador agregó que “los crímenes que está cometiendo el gobierno actual son de lesa humanidad y estamos repitiendo la historia”.
El pasado viernes durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora de la CIDH sobre los derechos de las mujeres, Julissa Mantilla, solicitó a los representantes del Estado salvadoreño información sobre las acciones de reparación para las personas “detenidas por error”.
Sin embargo, los representantes del Estado, entre ellos el fiscal general, Rodolfo Delgado, el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán y Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, no respondieron al respecto.
Zaira Navas, representante de Cristosal, explicó durante la audiencia “que el Estado reconoce la liberación de más de 6,000 personas que han salido de la prisión con medidas sustitutivas, a las que denomina margen de error”.
Al menos cinco casos de personas liberadas documentados por este periódico, han relatado los actos de tortura y malos tratos a los que son sometidos todos los reos en centros penales, sin importantar si son civiles o pandilleros.