Antes de que se citara a los diputados a una sesión plenaria extraordinaria, el pasado sábado, diputados como Raúl Castillo, de Nuevas Ideas, lanzaban acusaciones contra periodistas y políticos de oposición para tratar de atribuirles lo que pasaba en las calles: una jornada violenta sin precedentes que dejó más de 60 asesinatos.
“Vean cómo la oposición expone en sus tweets esa especial “comprensión” de la forma en que operan las pandillas y casi se convierten en voceros de cuando va ocurrir un alza en los homicidios”, declaraba Castillo, a las 4:40 p.m.
El diputado no solo metía en un mismo costal a periodistas con políticos, al llamarlos “opositores”, sino los hacía ver como “voceros” de estructuras criminales.
“Hay periodistas que tienen años reportando sobre la violencia y lo que hablan es a partir de la expertís”, asegura César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al referirse a las interpretaciones hechas por el diputado.
El representante de la gremial añade que: “hay riesgo de que a los colegas se les quiera acusar de apología o estar coligados con las pandillas”.
Fagoaga cree que las declaraciones de funcionarios como Castillo, intentan manipular la opinión pública. “Condenamos que haya este intento de manipular a la opinión pública. Los únicos que deben dar cuenta de su incompetencia son los funcionarios, la prensa está siempre en su obligación de contar lo sucedido”, afirma.
El diputado Castillo no fue el único funcionario que, ante la ola de violencia, lanzó ataques contra voces críticas del actual gobierno.
Romeo Auerbach, diputado de GANA, mencionó en la plenaria que había sido cuestionado por periodistas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sobre la efectividad del Plan Control Territorial, por lo que aseguró: “hoy estaban los chiquiperiodistas y los chiquipolíticos, porque ese es el grupo de ellos, verdad, contentos porque habían muchos muertos”.
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Con una matonería más deliberada, el también diputado de Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch, amenazó al periodista mexicano, quien había cuestionado los tuits del presidente Bukele y los planes de seguridad.
“Ignoro quien sea este señor. Pero le sugiero que no se aparezca por aquí, los salvadoreños estamos hartos de este tipo de cretinos y mercenarios y no queremos compartir nuestro país con quienes mienten a descaro para dañarlo y avalan al crimen para hacer novelitas de m...”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter.
Pero los ataques, hacia quienes ponía en tela de juicio las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño no fueron exclusivos contra periodistas.
La tarde de domingo, el secretario de prensa del gobierno, Ernesto Sanabria, escribió acusaciones sin pruebas contra el juez Juan Antonio Durán.
“Siguen apareciendo los de la mesa del caos contra el pueblo; corruptos desenmascarados, como el exmagistrado @tonyduransv que sale en defensa de terroristas. Con razón el “presidenciable Voldemort” lo tenía en planilla pues le hizo el favor con Intratex”.
El juez respondió a estas acusaciones por medio de la misma red social. “Mienten, injurian, calumnian, difaman. Su prepotencia les hace creer que están por encima de la Constitución y la ley. Jamás he estado en planilla de ningún político o partido; tampoco hago favores ni perjudico a nadie con mi trabajo: procuro hacer justicia conforme a derecho”.
A raíz de la ola de ataques de los funcionarios, decenas de cuentas de, aparentemente ciudadanos comunes, replicaron la versión de que los periodistas eran “voceros de las pandillas”.
Ante estas situaciones, el presidente de la APES, César Fagoaga, hace un llamado: “Exigimos sensatez a las autoridades para que dejen de hacer afirmaciones sin ninguna evidencia, es muy peligroso porque puede derivar en detenciones”.