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Cambio de domicilio en DUI es estrategia para mover votantes a su favor, dicen expertos

Este fenómeno se conoce como “trashumancia”, es decir, trasladar votantes de un lugar en donde se tiene asegurado el gane, a otros sitios en donde no. El Código Electoral establece que hay responsabilidad penal.

Por Eugenia Velásquez | Feb 05, 2023- 22:34

Foto EDH / Archivo

Conforme se acerca la fecha de las elecciones de 2024, las piezas que el gobierno va ajustando, a través de reformas o de nuevas leyes, tienen tras de sí un “cálculo electoral”, que busca desviar la balanza de los votos a favor del partido en el gobierno, manifiestan varios expertos en materia electoral.

Señalan que muestra de ello son las más recientes modificaciones al Código Electoral aprobadas por la Asamblea Legislativa, con el fin de ampliar el plazo del cambio de domicilio en su Documento Único de Identidad (DUI) tanto en el extranjero como en el territorio nacional.

El martes 31 de enero, los diputados del oficialismo aprobaron reformar el Art. 20 del Código Electoral, para otorgar dos meses más de gracia a los ciudadanos que aún no han documentado en su DUI que se han cambiado de dirección y con ello de municipio, ya que esto modifica el lugar adonde le corresponderá emitir su voto.

Quince días antes de esa decisión, la bancada de Nuevas Ideas también había extendido por 8 meses más el periodo que los connacionales tendrán para hacer modificaciones en la dirección de su DUI.

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Esta medida puede tener como objetivo un fenómeno que en la jerga electoral se define como “trashumancia”, que es el traslado de personas de una circunscripción a otra, con la finalidad de sumar votos a un determinado partido político, en un lugar en donde han identificado que no tendrá mucho rédito electoral.

“Se han dado casos de que partidos políticos hacen reformas o promueven reformas electorales para modificar las poblaciones en las circunscripciones, a efecto de si en un municipio o circunscripción están débiles, puedan mover población de otra donde tienen asegurada la victoria, para tener un margen de posibilidad de ganar, por eso se mueven poblaciones”, afirmó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Señaló que por eso la legislación establece un período de tiempo determinado para hacer el cambio de domicilio y con ello evitar que exista esa movilización de votantes que alteren artificialmente los resultados de las elecciones, aunque no descartó que la extensión del plazo pueda deberse también a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pudo informar debidamente a la población de hacer el cambio a tiempo.

Cabe mencionar que el 3 de febrero venció el plazo, pero el TSE no tuvo los recursos financieros para hacer propaganda y campaña a la ciudadanía. Según los magistrados Noel Orellana y Guillermo Wellman, el ministerio de Hacienda no ha autorizado aún los fondos solicitados desde noviembre del año pasado para llevar a cabo los comicios a nivel nacional. El TSE ha pedido $89.4 millones.

Hasta hace unos años, el periodo para modificar la dirección en el DUI para votar en el municipio actualizado era de seis meses, pero fueron los mismos partidos políticos los que pidieron que el tiempo se acortara, porque con eso se reducía la “trashumancia” de votos.

“Los partidos advirtieron que entre más tiempo se daba, el fenómeno de la trashumancia disminuía”, acotó la experta electoral Ruth López. El Código Electoral vigente determina que las enmiendas al lugar de residencia en el carné de identidad deben hacerse un año antes de cada elección.

El Código Electoral establece en su Art. 25 que el ciudadano incurrirá en “responsabilidad penal” si el trámite de cambio de residencia lo realiza proporcionando datos “fraudulentos o falsos con la finalidad de ejercer el sufragio en un municipio distinto al de su lugar de residencia”.

Sin embargo, Escobar explica que si la Asamblea extiende el periodo para modificar el domicilio, prácticamente está “legalizando” que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro para ejercer el sufragio.

Para el abogado José Marinero, expresidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), habrá que estar pendiente de las cifras de electores que cambiarán de residencia durante el periodo extendido por la Asamblea, ya que nadie más lo había solicitado, solo el oficialismo, aseveró.

Marinero cree que esta disposición que podría generar el fenómeno de la “trashumancia” o movilización de personas para votar en una circunscripción distinta a la que se pertenece o se tiene arraigo, podría ir aparejada a la idea lanzada el año pasado por el presidente Nayib Bukele, de reducir los municipios de 262 a 50.

“Visto lo que hicieron con el voto en el exterior (particularmente lo que concierne a San Salvador) y el anuncio de la reorganización de los municipios, yo solo lo puedo entender como una oportunidad para lo que se conoce como la trashumancia electoral, que se refiere a ejercer el voto en una circunscripción distinta a la que se pertenece o se tiene arraigo”, manifestó Marinero.

Por su parte, Escobar dijo que reducir el número de municipios podría responder a la necesidad de cómo “reorganizamos a los electores en los territorios a efecto de tener una ventaja electoral y saber dónde tengo que poner este grupo electoral para ganar este municipio”

Los partidos de oposición también creen que la ley del voto en el exterior abre la puerta al “fraude electoral” por varias razones.

La falta de un padrón electoral, la discrecionalidad en la asignación de votos, la desigualdad en la forma de votar, la falta de comprobación del arraigo, la exclusión, la falta de vigilancia partidaria y la arbitrariedad en la contratación de las empresas que ejecutarán el voto electrónico por la omisión de la LACAP, son algunos de los factores que la oposición denuncia que estarían provocando un proceso totalmente irregular y sin transparencia.

Al respecto, el magistrado del TSE, Julio Olivo, reveló hace unos días en una entrevista radial, que a la fecha no tienen el registro electoral base para el voto en el exterior, ya que desconocen cuántas son las personas que votarán con pasaporte. Esto en parte se debe también a que la ley de voto en el extranjero permite que los salvadoreños residentes en el exterior puedan votar con DUI y con pasaporte aunque estén vencidos.

Esto último también ha sido cuestionado por los diputados de la oposición como una inequidad electoral, pues deja en desventaja al electorado nacional en relación a los compatriotas en el exterior, dado que en el país la única manera de votar será con DUI vigente.

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