Para el analista político, Jorge Villacorta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha cometido un “error” al delegar en una instancia cuestionada por su legitimidad y poca transparencia el contrato de voto electrónico en el exterior para las elecciones de 2024.
Lo anterior se debe a que la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, informó hace un par de días, que han decidido hacer uso del Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal), para adjudicar el servicio del voto en el extranjero, ante la falta de consenso entre los magistrados del Tribunal.
Comprasal ahora es administrada por la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), entidad que rige la cuestionada Ley de Compras Públicas, aprobada recientemente por la Asamblea. La nueva normativa anuló todos los controles del gasto público que antes ejercía la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Lo que la presidenta (del TSE) hizo de tirárselo (el contrato) a una institución de compras, me parece una equivocación, al final, los responsables serán esos cinco señores (magistrados), sería el primer Tribunal que pone en riesgo el proceso electoral en el exterior. El daño será enorme”, valoró Villacorta.
Ante el impasse que existe dentro del organismo electoral desde hace varias semanas y el plazo fatal que tiene el TSE hasta el 3 de junio para contratar a la empresa, es que la titular del Ramo, decidió trasladar esa responsabilidad a Comprasal, pese a que, según dos magistrados: Noel Orellana y Guillermo Wellman, los técnicos del TSE hicieron una evaluación de cuál es la empresa que reúne los requisitos para brindar el servicio.
Sin embargo, según fuentes internas del TSE, la presidenta de dicha entidad, estaría promoviendo a una empresa en especial: a la española Indra. Esta compañía, según el informe que los técnicos de informática les dieron a los magistrados, no ofrecía el 100% del servicio, pero hace poco Martínez presentó al resto de magistrados una adenda a la oferta inicial en la que Indra hace un ajuste fuera del plazo legal.
Mientras todo esto pasa, el tiempo se va agotando y el riesgo de que el voto en el exterior pierda credibilidad es mayor, según Villacorta. Este punto también fue reforzado por el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
El TSE ha pedido a la Asamblea un mes más de plazo para contratar a la empresa, es decir, hasta el 3 de julio. Ernesto Castro, titular del Órgano Legislativo, no ha respondido a esa petición, lejos de eso los cuestiona por la tardanza.
“Más allá de eso (del plazo) es si estará el proceso en tiempo, con las debidas garantías para que el voto sea transparente, seguro y que no hay manipulación del voto en el exterior, todo eso entra en duda ¿podrá lograrse esto en los tiempos? ¿habrán empresas que quieran meterse a este proceso y que sepan que pueden sacar un producto adecuado en los tiempos?”, analizó Escobar ayer en la entrevista de TCS.