Para este miércoles la Asamblea Legislativa estaría aprobando una novena prórroga del régimen de excepción, dijeron fuentes parlamentarias.
Ahora el estado de excepción, que comprende suspensión de derechos constitucionales y judiciales, se acompaña de la instalación de retenes militares y cateos en las ciudades más grandes a nivel nacional para “extraer” a sospechosos de pertenecer a las pandillas, según dice el gobierno.
Hasta ahora, con el régimen de excepción han sido detenidas más de 58,000 personas, a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con ellas.
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El régimen de excepción se ha venido imponiendo desde el pasado 27 de marzo, pero ha sido criticado fuertemente por los partidos de oposición, organizaciones sociales y recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH ha expresado preocupación por la persistencia de las detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales. Más de 90 detenidos en el régimen de excepción han muerto bajo custodia estatal, según se ha denunciado. La Procuraduría de Derechos Humanos ha abierto investigaciones por 4,000 denuncias de abusos.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le pidieron al gobierno salvadoreño que termine el régimen de excepción por los abusos que propicia.
Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Bukele respondió: “No”.
Posteriormente, en otro tuit, el gobernante declaró que “aunque se opongan, nos ataquen y nos sancionen, nosotros seguimos”.
A mediados de noviembre, el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas convocó al Estado de El Salvador para escuchar sus explicaciones dentro una revisión de la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes suscrita por El Salvador.
Representantes del gobierno de Bukele comparecieron ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas para responder por denuncias de tortura y otros tratos crueles e inhumanos en medio de un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales y que estaría siendo ampliado este miércoles por noveno mes.
Los funcionarios del gobierno justificaron sus acciones bajo el lema que ha sido difundido mediáticamente por Bukele; que todo se trata de “librar una guerra en contra de las pandillas”. El gobierno culpa a estos grupos criminales de ser los verdaderos violadores de los derechos de la ciudadanía.
Sin embargo, el Comité expresó su profunda preocupación por las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y aún en vigor, y que hasta la fecha han supuesto la detención de más de 57,000 personas”, señaló el Comité en sus observaciones finales a principios de diciembre, sobre el tercer informe periódico de El Salvador.
El Comité volvió a señalar su preocupación de que las Fuerzas Armadas siguen realizando tareas de seguridad ciudadana, siendo que no es su función. Además, señaló las denuncias de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales que han afectado hasta a menores de edad.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, manifestó que El Salvador ya lleva nueve meses bajo un régimen de excepción, por lo que se pregunta “¿cuál es la solución a largo plazo, cuál es la solución definitiva? Simplemente es meter indiscriminadamente a una gran cantidad de personas a la cárcel”.
Señaló que no existen investigaciones que permitan individualizar las responsabilidades por los delitos, considera que las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia.
Manifestó preocupación porque se le siguen otorgando facultades al Ejército que no le corresponden, como es el de la seguridad pública.
“Darle un enfoque militar a la ciudadanía, se abren espacios a abusos de poder”, apuntó.
Mientras que la diputada Anabel Belloso, del FMLN, insiste en que a estas alturas es inadmisible que bajo el tema de combate a la criminalidad se siga aplicando una medida excepcional.
“El gobierno tiene, leyes y recursos para perseguir criminales sin tener que atropellar derechos de personas inocentes o de hacer capturas arbitrarias”, manifestó Belloso.