La Asamblea aprobó una novena prórroga del régimen de excepción para 30 días más, que comprende suspensión de derechos constitucionales y judiciales, y que ahora se acompaña de la instalación de retenes militares y cateos en las ciudades más grandes del país para “extraer” a sospechosos de pertenecer a las pandillas, según el gobierno.
A la fecha, con el régimen de excepción han sido detenidas más de 60,000 personas, a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con ellas, aseguró ayer el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
El régimen de excepción se ha venido imponiendo desde el pasado 27 de marzo, pero ha sido criticado fuertemente por los partidos de oposición, organizaciones sociales y recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“¿Cuál es la solución a largo plazo ¿cuál es la solución definitiva? Simplemente es meter indiscriminadamente a una gran cantidad de personas a la cárcel”, manifestó la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS.
Señaló que no existen investigaciones que permitan individualizar las responsabilidades por los delitos. Considera que las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia.
La CIDH ha expresado preocupación por la persistencia de las detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales. Más de 90 detenidos en el régimen de excepción han muerto bajo custodia estatal, según se ha denunciado. La Procuraduría de Derechos Humanos ha abierto investigaciones por 4,000 denuncias de abusos.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le pidieron al gobierno salvadoreño que termine el régimen de excepción por los abusos que propicia.
Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Bukele respondió: “No”. Posteriormente, en otro tuit, el gobernante declaró que “aunque se opongan, nos ataquen y nos sancionen, nosotros seguimos”.
A mediados de noviembre, el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas convocó al Estado de El Salvador para escuchar sus explicaciones dentro una revisión de la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes suscrita por El Salvador.
Representantes del gobierno de Bukele comparecieron ante el CAT para responder por las denuncias de tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante el régimen de excepción.