Para poder aplicar el régimen de excepción desde el pasado 27 de marzo de 2022, el gobierno ha promovido varias reformas penales. Ayer, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó en la Asamblea Legislativa otro pliego de reformas, esta vez a la Ley Anti Extorsión.
Una de ellas es para penalizar con cárcel a los familiares de los pandilleros o grupos delincuenciales que cometan el delito de extorsión.
Según dijo, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, adicionalmente a la novena ampliación del régimen de excepción, solicitan una enmienda a la Ley Especial Anti Extorsión para incorporar dos nuevas figuras delictivas.
“Una es el encubrimiento de extorsión, estamos levantando un bloqueo legal que había, que no se podía procesar a los familiares, en este caso cuando se trate de familiares que encubren a terroristas, para que vayan a cobrar extorsión, se levanta ese velo y se faculta al Estado a procesarlo independientemente de la relación de afinidad o consanguinidad que tengan”, afirmó Villatoro en rueda de prensa.
Desde que el régimen de excepción está vigente, hay decenas de denuncias de familiares de los capturados que dicen ser “estigmatizados” como delincuentes solo por vivir en lugares pobres o en donde operan las pandillas y, en algunos casos, dicen ser también “víctimas” de sus familiares que sí pertenecen a grupos criminales.
Los parientes se han visto obligados a tener que colaborar con alguno de sus familiares bajo amenazas de muerte, incluso, han señalado abogados defensores de derechos humanos de Cristosal.
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