En la discusión del proyecto de ley de pensiones propuesto por el gobierno ya comenzaron a salir algunos escollos que contradicen la intención del Ejecutivo de mejorarlas.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, miembro de la Comisión Ad Hoc que estudia la iniciativa de ley, debatió con los representantes del Banco Central de Reserva (BCR) sobre dos aspectos que, a criterio del parlamentario, inciden de forma negativa en los cotizantes.
Portillo Cuadra encaró a los funcionarios del BCR que se olvidaron de incrementar la pensión mínima por invalidez y que el proyecto de ley tampoco establece quiénes podrán comprar los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
Estos son los instrumentos que servirán para financiar el pago de las pensiones de los jubilados del sistema antiguo y de la deuda que el Estado tiene con los cotizantes de las AFP, según la nueva propuesta de pensiones presentada por el Ejecutivo a la Asamblea.
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“En el Art. 100 y 101 de la Ley se regulan requisitos para la pensión por invalidez común y el cálculo para la pensión por invalidez se mantiene exactamente igual que la legislación actual”, remarcó Portillo Cuadra.
Ante la inquietud del diputado de ARENA; el representante del BCR, Daniel Deras, respondió que a la población lo que más le preocupa son las pensiones de vejez, y que éstas últimas solo representan un escaso rango.
“Es cierto que se han mantenido los parámetros de pensiones por invalidez, pero dentro del sistema no tienen una representación amplia de la población”, expresó Deras.
Al escuchar la respuesta del delegado del BCR, Portillo Cuadra ratificó su crítica. “Si este monto de pensiones es un escaso rango, no cree que con mayor razón deberían ampliarse los beneficios para esta gente, beneficiar a estas personas que quedan inválidas y que ya no pueden trabajar”, alegó Portillo Cuadra.
El parlamentario arenero también hizo otra acotación en cuanto a quienes comprarán los COP. Según dijo, en el proyecto de ley no se establece quién o quiénes los adquirirán.
“Si en el pasado el Estado emitía este tipo de certificados para que los compraran las AFP y en la actualidad seguirán emitiéndolos (en el nuevo sistema propuesto) mi pregunta es: ¿quién los comprará? ¿El Instituto (Salvadoreño de Pensiones) o las AFP?”, consultó.
Al respecto, el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, admitió que en la ley no se establece quién los comprará y es más, dice que se prohíbe comprar deuda del Estado con los ahorros de los trabajadores.
“El tema de quién los va a comprar (COP), la ley la he leído y no dice en ningún lado que las que tengan que comprar (AFP), es más, prohíbe que se compre deuda del Estado”, aseguró el funcionario.
“Efectivamente yo llegué a la misma conclusión suya, no lo encontré en la ley, entonces viene la otra pregunta, y si no lo dice la ley ¿quién los va a comprar? Si los van a emitir (COP) tiene que haber un comprador, pero me queda claro lo que dice usted, que los puede comprar cualquiera”, expresó Portillo Cuadra.
A lo que el presidente del BCR asintió: “los pueden comprar quien quiera”.
Mientras que para el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, hay mucha inquietud entre los sindicalistas y los trabajadores sobre la anulación del anticipo de los ahorros de hasta un 25% tal como lo permite la ley vigente de pensiones.
“Por qué quitan hoy el anticipo del 25% cuando en esa reforma que se hizo, las condiciones, cuando se hizo la reforma que se hizo en 2017, siguen vigentes, el costo de la vida, enfermedades terminales y desempleo ¿por qué quitan ese derecho que había conquistado la clase trabajadora?” cuestionó Guevara.
Para Guevara, la propuesta de reforma del gobierno responde más a una estrategia electoral, la calificó de ser “un parche”. “Dijeron que sacarían a las AFP, pero les están dando más beneficios”, criticó.
En cuanto a la eliminación del anticipo del saldo de pensiones, en esta última semana han llegado a la Comisión Ad Hoc de la Asamblea varias organizaciones sindicales a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de pensiones.
Los diputados de la bancada oficialista han argumentado que mantener el anticipo de las cotizaciones es “insostenible”.
Sin embargo, representantes del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República, solicitaron el pasado viernes 9 de diciembre a los diputados que deben analizar ciertas aristas antes de eliminar el anticipo de los ahorros.
Por ejemplo, Francisco Ayala Cortez, secretario del sindicato de la CCR, expuso que se pueda otorgar en casos de enfermedades crónicas, despidos o desempleos. Estos fueron los objetivos de la reforma de 2017.
El jueves 8 de diciembre, el Movimiento “No Más AFP” hizo ver a los diputados que hay una contradicción en cuanto al establecimiento de la pensión máxima.
Señalaron que el inciso final del artículo 98 dice que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, “ningún pensionado por vejez tanto del Sistema de Ahorro de Pensiones, como del Sistema Público de Pensiones, sin excepción alguna, podrá gozar de una pensión superior a la pensión máxima establecida” que es de $3,000.
Pero, el inciso final del artículo 157 dice que “en ningún caso, el monto de las pensiones existentes a la entrada en vigencia de la ley, serán afectadas o disminuidas, con ocasión de lo dispuesto en este ordenamiento legal”.
La diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas admitió que hay una incongruencia y se comprometió con los sindicalistas a revisar ese articulado.