Dentro del contenido del proyecto de Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), presentado por el gobierno a la Asamblea, se esconde un dato importante que afecta a los trabajadores que ahorran en sus cuentas individuales para poder pensionarse.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya informó en su cuenta de Twitter que, al aplicarse esa nueva normativa, todos los trabajadores que actualmente cotizan a las AFP para ahorrar en sus cuentas individuales para pensionarse, estarán obligados a pagar con su dinero las pensiones de los excombatientes del FMLN y de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada.
Esto es lo que devela el inciso cuarto del Artículo 2 del proyecto de Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, presentado por el gobierno, cuando expresa que esa entidad garantizará los beneficios del pilar no contributivo que integrará el otorgamiento de las pensiones ya existentes de conformidad al Decreto Legislativo No. 210.
Este documento en mención se refiere a la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN que participaron en la guerra interna, del primero de enero de 1980 al 16 de enero de 1992.
La ley citada contempla pensión e indemnización para los excombatientes y veteranos, además de otras prestaciones sociales.
Según Anaya, esta obligación la cubre el Estado a través de lo que recauda en impuestos que los pagan todos, pero con la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, la responsabilidad se reduce únicamente a los trabajadores que ahorran con sus cotizaciones para pensionarse en las AFP.
“Nos tocará financiar las pensiones de los veteranos FF.AA. y de los excombatientes FMLN: el GOES ya no hará ese gasto, sino que lo tomará en préstamo de los ahorros los cotizantes. Antes, al pagar de los impuestos esas pensiones, TODOS, incluyendo personas y empresas, aportamos”, señaló Anaya.
¿Pero qué pasará si el Instituto apenas percibirá ingresos? Se pregunta el abogado ¿Cómo hará? En su explicación detalla que para eso la propuesta es derogar la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y disolver el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Paralelamente crea la figura de los Certificados de Obligaciones Previsionales y faculta al Instituto Salvadoreño de Pensiones a emitir Certificados de Obligaciones Previsionales llamados (COP) que las AFP deberán comprar “obligatoriamente” con los fondos de pensiones, es decir, con los ahorros de los trabajadores.
“Según la reforma que CAPRES envió a la Asamblea Legislativa, la responsabilidad del pago de esas pensiones ya no le tocará directamente al Estado, sino que pasa al “nuevo” Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que sustituye al INPEP”, manifestó Anaya.
Es así que ni el Estado pagará las pensiones de los veteranos y de los excombatientes, ni las empresas aportarán con sus impuestos para abonar a ese gasto. ¿De dónde saldrán? Del ahorro de los trabajadores para pensionarse, afirma el abogado. “El Estado se ahorrará más de $200 millones que gastará en publicidad, viajes y despilfarros. ¿Les parece justo?”, cuestionó Anaya en Twitter.
Con este cambio, los cotizantesde las AFP tendrían que fondear con sus ahorros no solo las pensiones del sistema antiguo, ISSS e INPEP, sino que ahora se suman las de los veteranos y de los excombatientes.
“Si antes estábamos financiando $300 millones ahora financiaremos más de $500 millones. Es prestarle más dinero al gobierno, es menos rentabilidad para el fondo de pensiones”, lamentó Anaya.
Esto es preocupante, porque aunque se trate de una deuda que el Estado adquiere no están claras las condiciones de pago, por ejemplo, el plazo, que podría ser de hasta 100 años, según Anaya, la tasa de interés o poner periodos largos de gracia para el pago de intereses, en resumidas cuentas: “no nos van a pagar”, reafirma el abogado.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, compareció ayer en la Comisión Ad Hoc que estudia los proyectos de ley. El funcionario dio algunos detalles al respecto.
“El fondo de pensiones será destinado exclusivamente para financiar a los afiliados. Ninguna entidad pública, privada o autoridad podrá disponer de los mismos”, afirmó.
Sin embargo, entre líneas dejó entrever que el Instituto Salvadoreño de Pensiones busca descargar el peso del pago de las pensiones que tiene el Estado.
“Vamos a garantizar que el sistema sea funcional para todos. En el pasado, aseguraron los flujos de entrada a los privados y al gobierno le dejaron los de salida”, alegó.