Mientras que en la Asamblea Legislativa se restringió el ingreso a varios abogados de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); quienes llevaron una propuesta de perfil idóneo para escoger al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); el actual titular de esa entidad, Apolonio Tobar, entregaba un reconocimiento al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El ministro participó en el segundo día de la I Cumbre Iberoamericana de Procuradores, Defensores y Comisionados de Derechos Humanos que se realiza en El Salvador, con una ponencia sobre “Políticas de Seguridad” implementadas en el país.
Tobar entregó dicho reconocimiento al ministro de Seguridad, a pesar de las denuncias de decenas de salvadoreños en contra de la gestión de las autoridades de seguridad por la forma en como están aplicando el régimen de excepción.
Organismos como Cristosal, FESPAD y otros, llevan un registro de cientos de personas que han sido detenidas de forma “arbitraria” o que no hay elementos probatorios en su contra de pertenecer o colaborar con grupos criminales.
En su ponencia, Villatoro argumentó que no pueden ser flexibles con las pandillas. “No podemos tratar a este fenómeno que por 20 años ha tenido secuestrado a todo un país con paños tibios, tampoco se trata como les dije claro, de responder al crimen siendo criminal porque no lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer jamás, primero renunciamos antes de mandar a nuestras fuerzas del orden a ejecutar al que aparentemente ‘es pandillero’, eso no es parte de nuestra cultura”, justificó.
Mientras eso pasaba en un hotel capitalino, en la Asamblea varios abogados de FESPAD insistían en que les permitieran ingresar al edificio legislativo para presentar una propuesta de perfil para elegir al nuevo procurador de derechos humanos, ya que Apolonio Tobar termina su periodo este 15 de octubre de 2022, pero ha decidido postularse para ser reelecto en el cargo.
“Es lamentable no solo que algunos de ellos (diputados) no hayan venido, que es triste, pero es peor todavía la actitud institucional de la Asamblea Legislativa, dicen que es la casa del pueblo, sin embargo, nosotros como ciudadanos nos hemos visto muy obstaculizados de poder ingresar. Cada una de las instituciones puede establecer sus requisitos muy bien, pero no impedir el ingreso”, razonó Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD.
La pieza fue recibida en las afueras de la Asamblea por los diputados de ARENA, Francisco Lira; de Nuestro Tiempo, Johnny Wright y del partido VAMOS, Claudia Ortiz.
El diputado Wright mencionó que la propuesta de FESPAD es “muy valiosa” y que no es incompatible con lo que el Reglamento Interior de la Asamblea determina. Dijo que espera que la Junta Directiva lo tome en cuenta.
Sobre la postulación del actual procurador Tobar para su reelección, Wright mencionó que es su derecho de hacerlo, pero que al hacer una evaluación del funcionario, sobre todo en su posición con respecto a las violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, “no ha estado a la altura de las demandas de salvadoreños que han visto atropellados sus derechos humanos”.
Según el director de FESPAD les interesa dos elementos que no se pueden obviar en el proceso de elección del nuevo procurador: capacidad e independencia; sin embargo, señaló que la primera puede adquirirse con el tiempo, pero lo que no puede obviarse ni negociar es la “independencia” del funcionario.
“Hace 3 años también cuestionamos la elección del procurador en razón de sus antecedentes, lo que no se puede negociar, lo que no se puede obviar es la independencia, es uno de los requisitos indispensables que hemos incluido en este documento”, ahondó el director de FESPAD.
Para la diputada Ortiz, de VAMOS, la “Asamblea no se deja ayudar” en cuanto a cumplir con los requerimientos que exige la Constitución para elegir a funcionarios de segundo grado.
Según dijo, la ley primaria dice que debe existir un criterio de medición previa de cómo se evaluará el perfil del funcionario para que exista una elección transparente, que implica evaluar en los candidatos capacidad, moralidad notoria, entre otros aspectos.
“Pero el detalle de cómo lo aplicaremos al proceso es algo que en la Asamblea no está regulada, da espacio para que se elija con cuotas partidarias. La Asamblea no se deja ayudar, no permite que los ciudadanos participen de este proceso”, soslayó Ortiz.
En cuanto a la candidatura para la reelección del procurador Tobar, la diputada Ortiz explicó que hay cuestionamientos sobre su trabajo, ya que su rol debe ser de independencia y valentía, pero no ha estado a la altura, puesto que la ciudadanía espera una participación más protagónica, expresó.
“Tenemos un funcionario que en sus declaraciones replica el discurso oficial, pero a la gente no la atiende cuando le llegan a pedir ayuda. Cuando tienen a sus familiares que han sido detenidos sin pruebas, sin tener información y no hay instancia que los puedan apoyar”, lamentó Ortiz.