En el Art. 8 del dictamen que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de este miércoles 24 de agosto de 2022 se establece que los deudores del fisco que se acojan a la amnistía fiscal podrán cancelar lo adeudado en “cualquier moneda de curso legal”, lo que abre la puerta al pago de las mismas con Bitcoin, ya que desde junio de 2021 es moneda de curso legal, a pesar de la poca aceptación que ha tenido entre los salvadoreños.
Además de esa posibilidad, los que están en mora con el fisco podrán cancelar con cheques de caja, de gerencia o certificados, Notas de Crédito del Tesoro Público, tarjetas de crédito o débito aceptadas por la Dirección General de Tesorería y presentando las correspondientes declaraciones tributarias o declaraciones de mercancías, en las situaciones que corresponda hacerlo.
Con esta medida, el Ministerio de Hacienda ha proyectado recuperar unos $40 millones provenientes de personas jurídicas y naturales que no han podido ponerse al día con sus obligaciones tributarias; así como otros $155 millones de deudores que ya fueron avisados en la Fiscalía por supuesta evasión y elusión fiscal.
Anteriormente, en octubre de 2021, la Asamblea ya había emitido un mecanismo similar, con esto se incrementó la recaudación de los tributos, en cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, asegura Hacienda.
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Sin embargo, argumentan que por diversas circunstancias, como los efectos adversos causados a raíz de la emergencia nacional por COVID-19 aunado a la crisis inflacionaria mundial, entre otros, muchos contribuyentes aún no han podido dar cumplimiento oportuno a sus compromisos tributarios, por lo que es necesario emitir un nuevo instrumento exonerando de multas, intereses y recargos a quienes se acojan a la amnistía fiscal.
El nuevo dictamen que prevén aprobar este miércoles en la Asamblea concede un plazo para el pago que estaría vigente desde que el decreto sea publicado en el Diario Oficial hasta el 1 de noviembre de 2022.
Los que se podrán acoger al beneficio son los que hayan presentado sus declaraciones tributarias y no hayan pagado el impuesto liquidado en ellas; que no hayan presentado una o más declaraciones tributarias, sin estar obligados al tributo respectivo, o bien, que no obstante, haber cumplido con la obligación formal de presentar la declaración, el mismo ya se hubiera pagado.
También, quienes no hayan presentado una o más declaraciones tributarias y que no hayan pagado el tributo respectivo, no obstante haber realizado operaciones sujetas al pago del mismo, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces.
Que hayan presentado declaraciones originales o modificatorias, hayan liquidado el tributo en una cuantía inferior a la que legalmente le correspondía; que se encuentren en procedimiento de fiscalización, iniciado antes o durante la vigencia del decreto.
Que se encuentren en el procedimiento de audiencia y apertura a pruebas ante la Administración Tributaria. Cuando los plazos legales referentes a la audiencia y apertura a pruebas venzan con posterioridad a la vigencia del decreto, el sujeto pasivo podrá acogerse a los beneficios que establece el mismo, hasta la finalización del plazo de la apertura a pruebas, entre otros.
¿Qué dice la oposición?
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, señaló que ven con buenos ojos que el gobierno busque más recursos, pero señaló que el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda, deberían de adquirir el compromiso de ser austeros y de informar con transparencia hacia donde se dirigirán los fondos recaudados.
“La pregunta es: ¿estos fondos adonde se van a destinar? Es evidente que el Ministerio de Hacienda está raspando la cacerola, porque cada semana estamos viendo iniciativas de ley que lo que buscan es generar más recursos para el Estado”, añadió Ortiz.
Lo anterior dijo que está bien y que es entendible por el manejo que el gobierno ha hecho de los mismos. “Ha habido un uso irresponsable de los recursos públicos sobre todo en las emergencias sanitarias”, alegó Ortiz.
Para el diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, la amnistía fiscal es una “herramienta controversial”. Recomendó no abusar de esa medida porque podría desincentivar a quienes sí pagan a tiempo sus impuestos; sin embargo, dijo que votará por otorgar la dispensa de pago de multas por mora con el fisco, en aras de fortalecer a la hacienda pública.
En cambio, la diputada Anabel Belloso, del FMLN, considera que en las amnistías fiscales que la Asamblea ha aprobado no se han esclarecido el destino de lo recaudado. Además, cree que existe una “incoherencia” entre el discurso del Estado con lo aprobado.
“Les hemos escuchado señalar que no debe perdonarse a los deudores, pero se queda en el discurso. A pesar de que las amnistías pueden solventar ciertas situaciones, no se ha tenido claridad de cuál es el beneficio derivado de medidas como ésta, no se toman en cuenta otras medidas que pueden beneficiar a la gente, como puede ser el impuesto indirecto como el IVA”, valoró Belloso.
Este tipo de medidas que podrían representar un alivio para la economía no se han considerado, apuntó. Añadió que el gobierno asegura que ha tenido excedentes en la recaudación de impuestos, pero se desconoce cuáles han sido las prioridades.
“Siguen sin rendir cuentas, sin transparentar el manejo de fondos públicos, yendo por caminos que no ponen el mínimo interés por apretar el cincho así como mandan a la población”, lamentó Belloso.