Los esfuerzos del gobierno de Nayib Bukele no están orientados a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (conocida como UNCAC o CNUCC).
Así lo establece un informe de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en coordinación con la UNCAC coalition sobre corrupción y recuperación de activos.“En el informe concluimos de manera muy tajante que hoy por hoy, organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR), u organismos como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Corte de Cuentas de la República (CCR), carecen de total independencia del poder en turno”, declaró Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac) de Funde al presentar el informe.
Una de las disposiciones más importantes es la que establece entre los artículos 5 y 6 del Convenio, que debe existir independencia en los Órganos de Estado que dirigen el combate a la corrupción.
El estudio señala que en esas entidades hay rompimiento del principio de independencia que la Convención establece y que los órganos estatales deben seguir para luchar en contra de la corrupción.
El 1 de mayo de 2021, los diputados oficialistas destituyeron al entonces Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y nombraron a funcionarios afines. Otras instituciones encargadas del control, la fiscalización y la transparencia han ido perdiendo independencia y plegándose también desde entonces, al punto que personeros del gobierno celebran que todos los poderes están “unificados” por el Ejecutivo.
“Por eso nosotros apreciamos que hay un rendimiento bastante pobre, porque no aplican la Convención, ni desarrollan lo que establecen las leyes secundarias o la misma Constitución de la República”, indicó Sandoval.
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La Convención existe desde hace 20 años y El Salvador está entre los países que se comprometieron a dar seguimiento a lo establecido en este acuerdo internacional que brinda un marco jurídicamente vinculante para el combate de la corrupción.
Pero, según expertos, las mediciones internacionales no muestran ningún avance significativo en los últimos años o en los informes que dan fe del retroceso reciente en esta materia. Los especialistas aseguran que esto pone en evidencia que no existe un compromiso real de parte de la administración actual por enfrentar la corrupción sin importar de donde esta provenga.
No hay combate a la corrupción
Si bien hay leyes y normas secundarias que establecen las facultades y atribuciones que deben de desarrollar entidades como la Fiscalía sobre el combate a la corrupción, esta y otras instituciones se han despojado a sí mismas de la obligación de aplicarlas, enfatizó.
“Hay un rendimiento pobre de las mismas, porque no aplican la ley, entonces por ello, es que concluimos de que no hay aplicación de la Convención contra la corrupción y hay un rendimiento pobre de las instituciones”, apuntó.
De igual manera opinó Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde, quien explicó que a partir de la información analizada y las entrevistas realizadas para la elaboración del reporte se pudo observar que “no existe una política estatal orientada a combatir la corrupción”. En relación con esto, la experta dijo que es vital si desea mostrar que hay voluntad real y formal de combatir el problema, porque permite identificar mejor a los diferentes actores que deben involucrarse en combatir actos corruptos.
Al igual que Sandoval, Estrada también destacó la falta de independencia de las instancias de control y enfatizó que estas “son esenciales” para combatir la corrupción. De hecho, ella apuntó que esto afecta a la ciudadanía en la medida en que no se puede garantizar que la corrupción se enfrentará “venga de donde venga”.
Cabe destacar que la investigación de Funde reafirma lo que anteriormente señaló la jefa jurídica de la Unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López. La experta dijo a este medio que “todas las instituciones del sistema de rendición de cuentas están cooptadas, no hay ninguna institución que funcione de manera independiente y cumpla con las funciones que la Constitución y sus leyes les establezca”.
Jessica Estrada recalcó que en el marco de los temas evaluados en el informe se puede afirmar que persisten importantes desafíos en el país para el combate a la corrupción, e incluso se registran grandes retrocesos respecto a algunos avances que se tuvieron en años anteriores.
Ante este panorama, Wilson Sandoval recalcó que puede existir una forma de mejorar la adopción de la convención y una de ellas es precisamente, dar fiel cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP), devolver la independencia a la FGR y a la CCR, así como al IAIP y no abusar del régimen de contratación que no conlleve licitación pública, entre otras.
En ese sentido, Sandoval expuso que apuntalando estas situaciones podría mejorarse lo que el Estado salvadoreño está haciendo en la aplicación de la Convención contra la corrupción.
La última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional ubica a El Salvador en la posición 116 de 180 países evaluados, con un puntaje de 33 (de 100 puntos posibles).
Un dato importante es que se retrocedió un punto respecto a la medición del año anterior y coloca al país en la calificación más baja que se ha registrado en los últimos 10 años.
Lavado de activos
“Hemos hecho un análisis de cada uno de los artículos, en este caso, son más de 40 artículos que comprenden el artículo 2 sobre las medidas preventivas de corrupción y el 5 respecto a las medidas de blanqueo”, dijo Sandoval.
En el apartado sobre recuperación de activos se señala que, aunque el país cuenta con un marco normativo detallado para prevenir y combatir el lavado de dinero y activos, no es posible evaluar qué tan funcional resulta porque toda la información que permitiría esto se niega o se reserva hasta por siete años.
Asimismo, el estudio hace algunas recomendaciones y entre estas está el fortalecer los procesos de elección de los funcionarios titulares de instituciones públicas, establecidos en la Constitución mediante la implementación de criterios objetivos que prioricen la capacidad y experiencia de las personas, como la autonomía que requieren tales funcionarios para su correcto desempeño.
Otras sugerencias son implementar una política estatal pública y conocida orientada a la prevención de la corrupción, así como exigir la aplicación de las adquisiciones y contrataciones de la administración pública, especialmente en los casos relacionados con grandes obras públicas que requieren millonarios fondos del Estado.
Finalmente, Funde recomienda exigir el cumplimiento de la LAIP, en cuanto a la publicación de información oficiosa.